Telecomunicaciones, el futuro de Madrid

Madrid necesita, en líneas generales, reorientar su tejido industrial hacia la fabricación de productos inteligentes, de barato transporte y un alto valor añadido, y, en concreto, potenciar coordinadamente el sector de las telecomunicaciones.

Madrid, al contrario que otras comunidades autónomas españolas, carece de un organismo público que permita coordinar y potenciar la puesta en marcha de los proyectos e iniciativas que surgen dentro del campo de las telecomunicaciones y la informática, un sector económico esencial para el desarrollo de la ciudad. Esta falta, unánimemente resaltada tanto por los productores como por los usuarios del sector, se ha convertido en el principal obstáculo a que deben hacer frente los inversores en este campo a la hora de decidir la puesta en marcha de sus iniciativas en Madrid, ya que la falta de un interlocutor competente con el que discutir la implantación de sus proyectos supone un freno, a veces insuperable, para la concreción de sus proyectos de telecomunicaciones e informática.Esta situación es especialmente grave en una comunidad de las características de Madrid, que por su situación periférica y relativamente aislada con respecto a Europa, mercado natural de su economía tanto por razones geográficas como por la integración de nuestro país en la Comunidad Europea y la puesta en marcha del mercado único, está obligada a reorientar su tejido industrial hacia la fabricación de productos inteligentes, de rápido y barato transporte y un alto valor añadido. Esta opción es una de las más claras posibilidades, quizá la única, para conseguir que la economía madrileña supere su desfavorable situación geográfica y pueda competir con éxito con las principales capitales del continente.

Por consiguiente, en estos momentos, la cuestión fundamental para conseguir este objetivo no está solamente en la puesta en marcha de uno u otro proyecto o acción concreta, sino en una toma de conciencia de la situación por todos los agentes regionales del sector de las telecomunicaciones, especialmente las administraciones, de que es imprescindible actuar en esta materia y en la puesta en marcha de los necesarios instrumentos operativos para hacerlo.

Complementariamente, es necesario coordinar la actuación de las empresas madrileñas de productos telemáticos, que es la más importante del país, pero que está excesivamente fragmentada, con gran número de empresas, pero de reducidas dimensiones, lo que dificulta enormemente la constitución de un grupo de presión fuerte que posibilite la negociación y captación de inversiones y la implantación de sistemas productivos beneficiosos para el sector.

Estas circunstancias están produciendo efectos negativos sobre la economía madrileña, que durante los últimos años ha visto cómo las inversiones que se han realizado en España, dentro del sector de la informática y las telecomunicaciones, se han ubicado en otras regiones del país, gracias a la política de captación de capitales puesta en marcha por sus instituciones.

Un ejemplo paradigmático de estos efectos negativos es el proceso seguido por Japón a la hora de distribuir sus inversiones en España, de las que Madrid sólo ha conseguido captar capital destinado a la producción de servicios financieros, que generan poco empleo, mientras que otras comunidades, a pesar de haber recibido menos dinero, han conseguido que las inversiones se destinen a la creación de empresas y sus correspondientes puestos de trabajo.

Aunque, evidentemente, en la toma de decisiones de los inversores extranjeros han incidido factores como las infraestructuras, la accesibilidad o la calidad de vida de las distintas ciudades, parece claro que Madrid, tanto por su condición de capital de España como por la elevada formación de sus trabajadores o su condición de principal productor y consumidor de productos telemáticos del país (en la región están ubicadas el 34% de las empresas de informática nacionales, que emplean a la mitad de los profesionales del sector y fabrican el 70% de los productos telemáticos españoles), reunía las condiciones objetivas para haber sido la destinataria de la mayor parte de estas inversiones estructurales, que no se han conseguido, entre otras razones, por la falta de un organismo capaz de negociarlas e incentivarlas.

Intervención obligada

El Plan Estratégico de Madrid, desarrollado por el Ayuntamiento en colaboración con las otras administraciones con competencias en la ciudad y con los agentes sociales y económicos implicados en los distintos temas, está diseñando y consensuando con todas las partes la puesta en marcha de un "órgano dinamizador para potenciar el uso de las telecomunicaciones en Madrid". Este proyecto ha sido unánimemente apoyado por todos los expertos consultados y por todos los participantes en la mesa de trabajo que lo ha elaborado, que han resaltado la necesidad de la existencia de un organismo de estas características, que asuma las competencias necesarias para situar a nuestra ciudad en condiciones óptimas para asumir los retos tecnológicos impuestos por el proceso de internacionalización que ha sufrido la economía madrileña.

Con la creación de un organismo de estas características, Madrid podría afrontar con mayores garantías de éxito la puesta en marcha de los proyectos estratégicos necesarios para su desarrollo. Este organismo deberá abarcar en todos los aspectos relacionados con la implantación de la infraestructura física necesaria para el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones en la región, potenciando, por ejemplo, la digitalización de las redes de Telefónica o la puesta en marcha de una televisión por cable en Madrid, a través de banda ancha, que permita utilizar este medio de forma interactiva por los agentes sociales y económicos madrileños.

Asimismo debe convertirse en un centro de asesoramiento, orientación e información para todos los departamentos públicos o empresas privadas en materia de telecomunicaciones, coordinando la puesta en marcha de las acciones necesarias para la implantación de sus iniciativas.

Constitucionalmente, la regulación de las telecomunicaciones en España es una competencia exclusiva del Gobierno central (artículo 149.1.21 de la Carta Magna), aunque resulta evidente que tanto la normativa autonómica como la municipal inciden directamente en el funcionamiento de este sector. Es imprescindible, por tanto, que Madrid cuente con un organismo capaz de coordinar las medidas que tanto el Gobierno regional como los ayuntamientos adopten en relación con las telecomunicaciones, convirtiéndose en punto de referencia y elemento dinamizador de todas las iniciativas que sudan en el sector. Sobre todo si tenemos en cuenta que la evolución e incidencia de las nuevas tecnologías en la sociedad va a obligar de forma inexorable a la intervención de todas las administraciones en este campo, independientemente del deseo de los gobernantes.

Así ha sido entendido por la Generalitat de Cataluña, que desde noviembre de 1989 dispone de una Dirección General de Servicios de Telecomunicaciones, encargada de planificar, supervisar y coordinar todos los medios y actividades necesarios para satisfacer las demandas de esta comunidad en materia de telecomunicaciones y competente para ejecutar los planes necesarios para su desarrollo.

Es absolutamente necesario que la constitución de este organismo coordinador en nuestra región se realice de forma inmediata, si no queremos correr el riesgo de que, como desgraciadamente ha ocurrido en otros momentos históricos, Madrid pierda el tren tecnológico y una de sus más claras posibilidades de superar la crisis económica y competir con éxito con las principales ciudades europeas.

Ahora, pues, es el momento de que las distintas administraciones madrileñas asuman su responsabilidad en este tema y alcancen los acuerdos necesarios para aprovechar el consenso ciudadano generado en este campo y convertir este proyecto, esencial para nuestro futuro, en una realidad.