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Hacienda suaviza las exigencias tributarias a comerciantes para recaudar más a menor coste

Hacienda está cambiando de hábitos. La necesidad de recaudar más y paliar los efectos de los menores ingresos por la crisis está generalizando el sistema de la Agencia Tributaria de rebajar la deuda descubierta en el IVA a profesionales y pequeños comerciantes a cambio de conseguir un pago rápido por parte del contribuyente, sin petición de aplazamiento ni reclamaciones. Hacienda argumenta que esta práctica permite inspeccionar con los mismos medios a más contribuyentes al acortar el procedimiento para cada caso. Es en Cataluña y Valencia donde más se utiliza este sistema.

Para cumplir este objetivo, las instrucciones repartidas por la Agencia a inspectores y subinspectores recomiendan que las actas (le inspección del IVA levantadas a profesionales y pequeños empresarios no sobrepasen por término medio los 4 millones de pesetas. En cualquier caso, se intenta que no superen la liquidez del contribuyente para que éste pueda pagar de forma inmediata, según medios de la inspección.Las fuentes de la Agencia Tributaría consultadas no han proporcionado cifras, pero han reconocido que se han impartido instrucciones en el sentido de que el importe de las actas levantadas sea "cobrable". En su opinión, no tiene sentido que la deuda tributaría descubierta sea tan elevada que amenace la continuidad de la actividad empresarial en un momento de crisis, y que además resulte totalmente incobrable.

Fuentes de la inspección aseguran que, por este procedimiento, actas de 18 y 20 millones de pesetas se han firmado por 4 millones con el visto bueno de los respectivos jefes de unidad. La conformidad del contribuyente es imprescindible para el pago inmediato.

Evitar aplazamientos

La Agencia procura evitar la interposición de actas de disconformidad o peticiones de revisión. Estos aplazamientos, además de retrasar considerablemente el cobro, suponen, entre otras cosas, que el procedimiento deje de ser en vía ejecutiva y no revierta en la propia Agencia, que se financia, entre otras partidas, con el 18% de la recaudación derivada de actos de liquidación.En cualquier caso, la Agencia ha cubierto los objetivos que se había propuesto, según fuentes de Hacienda. Las peticiones de aplazamientos de pago ole la deuda descubierta en vía ejecutiva descendieron el año pasado un 27%, en llamativo contraste con el aumento del 183% que se produjo en las peticiones de aplazamiento en periodo voluntario, según los datos presentados por la propia Agencia en su balance de 1992, primer año de gestión.

Tampoco ha tenido la Agencia ningún problema para su financiación. Su presupuesto en 1992 ascendía a 96.145 millones de pesetas. Según el presupuesto inicial, de esta cifra, 18.073 millones correspondían a la parte que la Agencia ingresa por su participación en lo que recauda en vía ejecutiva. La puesta en marcha de este sistema y el consiguiente aumento de recaudación ha supuesto a final de año unos ingresos reales en este apartado de 27.635 millones de pesetas, un 53% más de lo presupuestado.

La extensión del fraude del IVA y el impacto sociológico que supone exigían una intervención de este tipo para abarcar el mayor número de contribuyentes posible, según fuentes próximas a la Agencia Tributaria. Frente a la anterior práctica de inspeccionar en profundidad, la Agencia defiende "no apurar la normativa" para poder así realizar más inspecciones. Cataluña y la Comunidad Valenciana son las zonas en las que más se ha venido aplicando este sistema de recaudación.

Esta situación ha creado cierto malestar en grupos de inspectores y subinspectores, según fuentes de la Inspección. Fuentes de la Agencia, por su parte, insisten, no obstante, en que la Agencia tan sólo ha hecho uso de "criterios administrativos para decidir cómo realizar las inspecciones".

La inspección en la Comunidad Valenciana es "muy incisiva", según un alto cargo de la Agencia Tributaria en Madrid. La delegación de Valencia ha estado siempre en la vanguardia a la hora de llevar hasta el límite las inspecciones en su territorio, lo que ha provocado no pocos conflictos. El último lo protagoniza el sector de drogueros en las últimas semanas.

Pacto fiscal

En 1992, la Agencia Tributaría llegó a un pacto con las asociaciones de drogueros por las que éstos podían regularizar su situación fiscal en relación con el IVA. La oferta incluía un coeficiente para calcular las ventas -multiplicar las compras por 1,32-, y una sanción mínima por dos años. ¿Las ventajas de la Agencia Tributaría? "Una gran rapidez recaudatoria y en conjunto, una recaudación mayor", según Miguel Villadrán, que negoció el acuerdo por parte de los drogueros. "Les interesa rebajar la deuda si ven que la persona no la puede pagar. Negocian a la baja y acaban pronto", asegura.No todos los casi 1.000 drogueros valencianos se acogieron a esta posibilidad porque consideraron que el factor de conversión era excesivamente alto, además de arbitrario. Ahora se encuentran con inspecciones más duras, que pueden retrotraerse a los últimos cinco años. Estas actuaciones están levantando ronchas entre estos empresarios.

Fuentes de la inspección en Valencia aseguran que la Agencia ha ordenado que las actas alcancen por lo menos el valor que se hubiese recaudado por el pacto con los drogueros. La Agencia explota el efecto disuasorio de estas inspecciones ante la extensión de este procedimiento de recaudación rápida a otros profesionales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 10 de mayo de 1993

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