Víctima de un proyecto dictatorial

La autodefensa que Bettino Craxi pronunció ayer ante el Parlamento no fue nueva, aunque quizá sí más hábil que la que había desarrollado en torno a su caso en anteriores ocasiones. Comenzó por implicar a toda la Cámara en la financiación ¡legal de los partidos y por espetar a los diputados que la condena de su persona sería la condena global de toda la clase política."Si gran parte de esa materia debiera ser considerada penal, gran parte del sistema resultaría ser un sistema criminal", sentenció Craxi. "Por muchas reacciones que [las mencionadas irregularidades financieras] hayan podido suscitar y por muchas degeneraciones que hayan podido inducir", señaló en otro momento, "no pueden ser utilizadas por ninguno como explosivo para hacer saltar un sistema, para deslegitimar a toda una clase política". Su proceso por corrupción, añadió, sería así el de medio siglo de democracia italiana.

Estado policiaco

Craxi se considera víctima de un plan orientado a la supresión de los partidos políticos y a implantar un Estado policiaco en Italia cuyos instrumentos son, dijo, los magistrados que van a juzgarle.

Seguro de la trascendencia del momento, Craxi no tuvo miedo de exagerar el tono de su descripción del fumus persecutionis por el que pidió a la Cámara que no autorizara el proceso pedido por la justicia. "El riesgo gravísimo es que se imponga un Estado de policía típico de todos los regímenes autoritarios, en el que la jurisdicción se confunda con la represión", díjo.

La investigación de la magistratura milanesa conocida como Manos Limpias, señaló, tiene un "objetivo ideológico y una estructura teórica que giran en torno a un centro de gravedad", que es "la eliminación de los partidos para abrir la posibilidad de la gestión a fuerzas nuevas". "Todo esto no es un compló", prosiguió, «sino un programa declarado que los propios magistrados ilustran en público, en privado y en los interrogatorios".

Previamente, el ex secretario socialista ya había afirmado en la prensa que algunos de estos magistrados pertenecían a asociaciones civiles de signo católico o conocían a algunos de los testigos principales de estos primeros sumarios, que aplican un total de 41 cargos contra su persona. "La existencia comprobada de clanes político-ideológicos en los que orgánicamente participaban algunos magistrados, hace que nazca la sospecha de un prejuicio político preexistente activo y luego influyente que condiciona las investigaciones", dijo Craxi. "Nunca el clima de exasperación creado sobre una investigación judicial ha determinado un número tan alto de suicidios, de muertos, de linchamientos públicos", concluyó.