CiU pide en su programa un sistema equivalente al concierto económico

La reivindicación de un sistema de financiación autonómica equivalente al concierto económico para las autonomías de régimen común y la reclamación de la corresponsabilidad fiscal, dejando claro que la cesión del 15% del IRPF es tan sólo un primer paso y que a partir de 1997 debería incrementarse este tramo y, al mismo tiempo, ceder la gestión de nuevos impuestos son dos de los aspectos más destacados del programa electoral de Convergència i Unió (CiU).

El documento que precisa aún la aprobación formal de los consejos nacionales de los dos partidos que se producirá el domingo, aboga también por la supresión de las delegaciones ministeriales cuando las comunidades autónomas tengan ya competencias en la materia.El programa de los nacionalistas catalanes no se limita a hacer propuestas en materia autonómica y es realmente un programa de Gobierno para toda España. Tanto por su extensión -más de 300 folios distribuidos en 23 capítulos- como por las propuestas, muchas de ellas excesivamente ambiguas. El hecho de que CiU pueda convertirse en una fuerza decisiva a la hora de formar gobierno lleva a los dirigentes nacionalistas a sostener que el suyo es "el programa que deben estudiar tanto el PSOE como el PP".

En materia económica se propone la reducción del déficit público sin subir los impuestos y recurriendo al ahorro en el gasto público de 350.000 millones anuales por la vía de supresión de los organismos duplicados. También se propone que el tipo máximo de gravamen de la tarifa del IRPF sea del 50%, cuatro puntos menos del actual. CiU reclama como vía para consolidar el proceso de construcción del Estado autonómico mayores mecanismos de cooperación y coordinación basados en la lealtad constitucional y que una nueva concepción de lo que son las competencias autonómicas.

Estos son algunos de los puntos más destacados del citado programa:

Modificación de la ley orgánica que regula la composición del Tribunal de Cuentas. En ningún caso, el informe sobre las cuentas del Estado que el tribunal debe remitir a las Cortes podrá demorarse más de dos años.

Reforma de la ley de financiación de los partidos -para introducir en la normativa fiscal un regimen específico para las aportaciones privadas al tiempo que amplie las competencias del Tribunal de Cuentas.

Participación de las comunidades autónomas en la elección de los magistrados que designa el Senado en el Tribunal Constitucional (cuatro) y en el Consejo General del Poder Judicial (cuatro). Se crearán los Consejos Generales del Poder Judicial de ámbito autonómico.

Modificación del Reglamento del Senado para convertirlo en una cámara de representación territorial. Así, los grupos parlamentarios se configurarán según la procedencia territorial de los senadores. En estos grupos, los senadores tendrán libertad de voto y las minorías derecho a expresar sus discrepancias.

Todas las lenguas de las comunidades autónomas podrán ser utilizadas en el Senado.

Supresión de los gobernadores civiles.

Supresión de organismos de la Administración periférica del Estado que sólo existirá en aquellos ámbitos donde las comunidades autónomas no hayan asumido ningún tipo de competencia.

Un sistema de financiación equivalente al de régimen de concierto económico mediante el desarrollo de los pactos constitucionales y estatutario. Aplicación del acuerdo para la cesión de un tramo del IRPF (15%) y que debe entenderse como un primer paso que se tiene que cumplir y que estará vigente hasta 1996. En enero de 1997, se planteará con el Gobierno una negociación para un nuevo quinquenio basada en incrementar el 15% de cesión del IRPF, cesión del IVA en fase minorista, del impuesto sobre matriculaciones.

Constituir una delegación de las autonomías para asuntos exteriores y formar parte de la Comisión interministerial para asuntos europeos.

El servicio militar obligatorio será sustituido, progresivamente, por uno voluntario e incorporación de la mujer. Supresión de la pena de muerte en tiempo de guerra.

Sistema de seguro médico mixto en el que la cotización a la Seguridad Social no sea obligatoria.

Supresión del IAE

Supresión del IAE para los comerciantes y para el sector turístico.

Política de reducción del gasto público, lo que unido a la reforma de la Administración central para evitar duplicidades supondrá una disminución de los gastos de funcionamiento de la Administración del 10%, lo que supone unos 350.000 millones de pesetas anuales.

Reducción del IRPF y del Impuesto de Sociedades).

Reforma del Impuesto de Sociedades mediante una ley para reducir el tipo al 20%, 15 puntos menos que el general para los empresarios que reinviertan en su propia empresa.

Modificar el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores para permitir que las empresas puedan utilizar de forma rápida la suspensión o la reducción de la jornada de trabajo para afrontar las circunstancias adversas del mercado.

Reelaboración del proyecto de Ley de Huelga.

Disminución significativa de los tipos de interés.