Aumentan las quejas de los ciudadanos por malos tratos de agentes de la Policía Municipal

Las actuaciones de la Policía Municipal son motivo de queja frecuente de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo, que en 1992 recibió seis reclamaciones por este motivo. Eso es sólo la punta del iceberg, ya que en los juzgados españoles hay decenas de procedimientos por presuntos malos tratos. Los mandos policiales "se resisten a aplicar medidas cautelares de suspensión de funciones a los agentes denunciados, incluso en los supuestos más claros", según el Defensor del Pueblo. Mientras tienden a bajar las quejas por atropellos de la Guardia Civil, ocurre lo contrario con las policías municipales en los últimos años.

El análisis de la mayoría de las denuncias deja traslucir actitudes de prepotencia y abuso de autoridad por parte de los agentes implicados. Éstos, a su vez, suelen denunciar a las víctimas de "resistencia", "desobediencia", "desacato" y "atentado".La abogada Francisca Villalba hizo un estudio referente a 32 denuncias de este tipo que se estaban tramitando en los juzgados de Instrucción de Madrid durante 1990. Y sacó la siguiente conclusión: "Los jueces no decretaron en ningún caso el ingreso en prisión para los ciudadanos acusados de desacato o atentado, lo que prueba que no eran ciertas las imputaciones que les hicieron los policías", señala Villalba.José Alberto Fernández Rodera, juez de lo Penal número 9 de Madrid, condenó el pasado 23 de febrero a cuatro años de prisión a los policías municipales Manuel Alberto Pérez Varela y Luis Ricardo Barberá Robles, acusados de detener ilegalmente a Ángel Mayoral Medina y a Aquilino Yébenes Jiménez.

El incidente se inició cuando los agentes fueron requeridos el 1 de diciembre de 1990 por una reyerta en el pub Villa Rosa, en la plaza de Santa Ana, de Madrid. Mayoral y Yébenes, testigos de la pelea, recriminaron a los policías que mantuvieran "una actitud pasiva" y no detuvieran a los causantes del incidente. Los dos funcionarios municipales golpearon y esposaron a ambos ciudadanos y les llevaron detenidos, "la pesar de que no habían cometido hecho delictivo alguno", según la sentencia.

"Rojos de mierda"

El fallo judicial, que ha sido recurrido por Barberá y Pérez Varela, señala que éstos robaron 5.000 pesetas a Ángel Mayoral, al tiempo que le insultaban a él y a su amigo con frases como "maricones, "cabrones" y "rojos de mierda". La sentencia del juez Fernándéz Rodera tiene, según fuentes jurídicas, dos aspectos realmente novedosos: por un lado, aprecia para ambos agentes el agravante de "prevalimiento" de su caracter de funcionarios públicos; y por otro lado, les obliga a indemnizar a las víctimas con 600.000 pesetas "por los daños morales" causados.El informe del Defensor del Pueblo relata otro caso ocurrido en 1992 en Oviedo, donde un ciudadano denunció que fue agredido y posteriormente detenido, "sin que pudiera llamar a ningún familiar ni tuviera asistencia letrada". También recoge la denuncia de un ciudadano de raza negra que fue maltratado en un céntrica calle de Madrid porque "el chico llevaba drogas", según la explicación dada por los agentes a los transeúntes que les recriminaron su conducta.

Un joven fue brutalmente golpeado el 20 de octubre de 1992 por policías municipales que le pidieron que se identificara cuando paseaba con su novia por un parque de San Blas (Madrid). El muchacho llevaba su carné y se limitó a recriminar a los guardias urbanos el tono despectivo en que le trataron. El Ayuntamiento abrió expediente sancionador contra los agentes implicados, pero sólo después de que el Defensor del Pueblo aportara numerosos indicios de su extralimitación.

La institución del Defensor del Pueblo da muestras de tenacidad cuando todavía sigue intentando aclarar el caso del minusválido P. M., que fue agredido el 19 de diciembre de 1986 por policías municipales de Madrid, tras un confuso incidente. La propia sentencia judicial relativa a este asunto hace notar que los policías tardaron más de una hora en llevar a comisaría al minusválido y, además, que al quedar éste en libertad "presentaba lesiones de mayor entidad que las observadas tres horas y media antes". Pero ningún funcionario ha sido expedientado ni separado del servicio.

Xenofobia

La Asociación contra la Tortura tiene recopilados numerosos casos de malos tratos policiales sufridos por ciudadanos extranjeros. Éstos, según se deduce de la frecuencia con que se repiten tales casos, son víctimas de la xenofobia de algunos funcionarios municipales. La asociación recuerda el caso del marroquí Omi M., que el 8 de junio del año pasado fue golpeado por agentes de la Policía Municipal de Torrevieja (Alicante), cuando se dedicaba a la venta ambulante. "Certificados médicos acreditan que Omi presentaba lesiones en los brazos y cuello y rotura de tímpanos".El último incidente de este tipo se produjo el pasado día 17, cuando el marroquí Mulib Tounsí, con residencia legal en Marbella, fue apaleado por cuatro policías municipales por negarse a pagar 1.500 pesetas en un bar, según su denuncia.

Durante los últimos años se ha observado que han disminuido los malos tratos ocasionados por la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, debido a un mayor control social y político sobre este tipo de conductas. Pero menudean las agresiones de policías municipales, en muchos casos por incidentes que inicialmente son de escasa entidad. Fuentes jurídicas estiman que los Ayuntamientos suelen ser más "tolerantes" con estas actitudes que los organismos del Estado.