El Supremo 'congela' en la práctica el 'caso Filesa' para no interferir en el proceso electoral

La Sala Segunda del Tribunal Supremo acordó anoche congelar la tramitación del caso Filesa y de los demás procesos contra parlamentarios para evitar que cualquiera de sus resoluciones pueda distorsionar el proceso electoral. El Supremo acordó mantener al juez Marino Barbero como instructor del proceso a Filesa, pero limitando su actuación a las diligencias "de carácter urgente", que en la práctica se reducen a ninguna. Este acuerdo fue adoptado por mayoría de 12 votos a favor y con los del propio Marino Barbero y del magistrado José Augusto de Vega, en contra.

JULIO M. LÁZARO/ JOSE YOLDI, La decisión de la Sala afecta, además de al caso Filesa, a otro medio centenar de causas contra parlamentarios de la legislatura recién acabada, y se enmarca en la voluntad del Supremo de no interferir en el proceso electoral. El acuerdo supone de hecho la congelación efectiva de los procesos contra parlamentarios hasta que pasen las elecciones. La decisión de la Sala, según uno de los magistrados que asistió al pleno de más de siete horas, costó "sangre, sudor y lágrimas" por el intento de conseguir un acuerdo unánime e integrar a Barbero y De Vega en la resolución.Los magistrados argumentaban acerca del peligro de que cualquiera de las formaciones políticas tratasen de involucrar al Supremo en la contienda electoral.

A primeras horas de la noche, el presidente de la Sala Segunda, Enrique Ruiz Vadillo, leyó un acuerdo según el cual los tribunales que están entendiendo de cada una de las causas especiales "adopten las decisiones que legalmente correspondan en relación con las peculiaridades que las caractericen, lo que harán con audiencia del Ministerio Fiscal y las demás partes personadas".

En realidad dicho acuerdo ya había sido puesto en práctica antes de la reunión, al remitirse en la misma mañana de ayer al fiscal y a los abogados de la defensa y de la acusación del caso Filesa sendas providencias en las que se les da un plazo de 10 días para que se pronuncien sobre qué tribunal debe entender del proceso.

La petición de estos informes sobre competencia no paraliza el desarrollo del proceso, pero implica que en las próximas semanas la causa no sufrirá movimiento alguno. Pasado ese tiempo, los magistrados Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puerta Luis y José Augusto de Vega deberán reunirse, deliberar y votar la decisión, pero la resolución final sobre la competencia, de acuerdo con ese calendario, difícilmente se adoptará antes de las elecciones del 6 de junio.

Causas especiales

La misma medida fue adoptada en la mañana de ayer con otras causas especiales que afectan al senador del PP por Valladolid Miguel Pérez Villar; al senador socialista por Orense Agustín Vega Fuente y al diputado de HB Jon Idígoras.

A despecho de la expectación levantada, el acuerdo del Tribunal Supremo señala que cada tribunal, además de decidir los casos que son de su competencia, "recibirá de los instructores los informes que consideren pertinentes" y éstos "continuarán practicando las diligencias de carácter urgente que las leyes procesales les atribuyen".

Fuentes del alto tribunal indicaron que cada uno de los 15 magistrados que integran la Sala expuso por turno sus opiniones sobre competencia en las causas especiales y sobre la eventual vigencia del artículo 1 de una ley de 1912 que extendería la competencia del Supremo más allá de la vida legal de las Cortes. No obstante, al final acordaron no emitir ningún pronunciamiento sobre esa ley. Con anterioridad a la reunión, los magistrados mantenían opiniones encontradas entre los partidarios de enviar las causas especiales a sus juzgados de procedencia y los de dejarlas en suspenso o frenarlas hasta que concluya el proceso electoral y se constituyan las nuevas Cortes. La situación se reproducía respecto al caso Filesa entre los partidarios de que la causa fuera remitida a Cataluña y el sector más pragmático, favorable a esperar que los propios acontemientos electorales ofreciesen la respuesta, evitando de paso el desgaste de un pronunciamiento.

Los primeros entendían que la pérdida del fuero parlamentario de los socialistas Carlos Navarro y Josep María Sala y la indefinición del juez Barbero sobre el lugar donde eventualmente se cometieron los supuestos delitos no dejaban otra salida legal inmediata que el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, habida cuenta de que Sala mantiene su fuero como parlamentario catalán.

Paréntesis electoral

El otro sector entendía que Filesa podía atravesar el paréntesis electoral sin que necesariamente quede paralizada y que fueran las elecciones las que diesen respuesta al dilema. Si tras las mismas Josep Maria Sala sigue siendo senador, el caso sigue en el Supremo. En caso contrario, -salvo que se considerase vigente la ley de 1912-, la causa se enviaría a Cataluña.

Esta ultima solución, que evitaría la remisión a Barcelona de los 200.000 documentos del caso, con una alta probabilidad de que fueran devueltos al Supremo a vuelta de correo, es la que adoptó anoche el alto tribunal, si bien desde por la mañana ya estaba en marcha el mecanismo para recabar los informes de competencia. En los próximos días, la secretaría de causas especiales seguirá reclamando informes sobre competencia en otro medio centenar de procesos.