Fin de trayecto

UNA VEZ que su propio grupo parlamentario le había retirado la confianza, al presidente de la Comunidad de Murcia, Carlos Collado, no le quedaba otra salida que, la dimisión. Es lo que hizo ayer tras una agónica resistencia que añadirá pocos galones a su biografía. Su patética despedida, invocando el juicio de la historia para su gestión, entra dentro de lo que cabe considerar derechos subjetivos del derrotado. Pero tampoco añadirá nada a su ejecutoria, en la que ya figuraban episodios tan poco airosos como el de afirmar, tras ser desautorizado por 22 de los 24 parlamentarios de su grupo, que sólo se iría si así se lo pedía la Ejecutiva Federal del PSOE.Con las elecciones convocadas y las encuestas echando humo, no está el horno para (más) bollos en dicha ejecutiva, y alguien ha debido decirle a Collado que acelere. Durante dos meses, su impasibilidad y su negativa a aceptar la evidencia han sido aprovechadas por la oposición para criticar el "desgobierno de la región" y la "paralización administrativa" de la misma, ejes de la moción de censura que el Partido Popular presentó el mes pasado. La moción no salió adelante porque, pese a haber pedido expresamente la dimisión de Collado, los diputados del PSOE votaron en contra. No tenían otra opción, dado que la moción tiene que ser positiva: con un candidato alternativo, en este caso del PP, al que los socialistas tendrían que haber entronizado como presidente para que la censura prosperase. La otra posibilidad, que el propio grupo socialista plantease una moción contra quien fue su candidato en las dos últimas elecciones autonómicas, resultaba demasiado fuerte. Collado se ha ido cuando esa posibilidad comenzaba a ser considerada.

Collado quedó en minoría en 1990 en el congreso regional, pese a lo cual se le mantuvo como candidato en las autonómicas de 1991. El enfrentamiento latente desde entonces tuvo ocasión de añorar a comienzos de año, cuando se hizo público el informe del Tribunal de Cuentas correspondiente a 1989. Dicho informe señalaba la existencia de graves irregularidades financieras del Gobierno regional, especialmente en relación a una adquisición de terrenos que ya había provocado la dimisión de dos consejeros y la presentación de una querella por parte de Izquierda Unida. La fiscalía del Tribunal Superior de Murcia no ha apreciado indicios delictivos en la actuación de Collado (o cualquier otro aforado), por lo que ha remitido la documentación relativa a la querella a un juzgado de instrucción, donde prosigue su tramitación.

La dimisión era exigida, sin embargo, basándose en las responsabilidades políticas apreciadas por la comisión parlamentaria que estudió el caso. En su último intento de resistir, Collado se acogió a la doctrina González sobre Filesa, manifestando que, "al igual que el presidente del Gobierno, no tomaré ninguna decisión hasta que el juez decida sobre el asunto". Pero esa errónea doctrina está ahora muy cuestionada en las altas esferas del PSOE, y no le ha evitado al presidente murciano la dimisión. Al presentarla, no pierde su derecho a la presunción de inocencia. Amparado por ella será juzgado, de acuerdo con los exigentes principios del derecho penal, para determinar si hubo prevaricación y malversación de fondos, como dice IU. Pero de los datos conocidos se deduce una responsabilidad política evidente en las decisiones consideradas. Una vez que la comisión parlamentaria así lo apreció, enviando la documentación a los tribunales, Collado debió haber dimitido.