Empleadas de una residencia, acusadas de inducir a dos ancianos a copular

Ocurrió en la única residencia pública de ancianos de Alcalá de Henares (160.000 habitantes) hace seis meses. Cuatro empleadas del centro, según la versión de la Comunidad de Madrid, animaron a uno de los ancianos, de 80 años, a mantener relaciones sexuales con otra interna, de 92 años, sordomuda, impedida y con principio de demencia senil. Conseguido el encuentro, las mujeres presenciaban todo con risotadas. En diciembre, una vez investigados los hechos por la Comunidad de Madrid, las cuatro empleadas quedaron despedidas. Éstas han recurrido la expulsión.

La dirección del centro de Alcalá, alertada por la indiscreción de una de las implicadas, alertó al departamento regional de Bienestar Social, que abrió un expediente. Su resultado fue la orden de despido de las cuatro mujeres, el 21 de diciembre pasado.La versión oficial de lo ocurrido señala: "Entre el 21 y el 30 de septiembre de 1992, una de las empleadas, Remedios, envió a un residente de 80 años a la habitación de otra señora de 92, donde acudieron sus tres compañeras, Julia, Carmen e Iluminada, y observaron cómo mantenían relaciones sexuales, entre grandes risotadas".

La noticia la dio a conocer el periódico local Diario de Alcalá y fue recogida por la agencia Efe. EL PAÍS no pudo ayer tener acceso a otra versión de los hechos. Los empleados de la residencia, por orden de la Consejería de Integración Social de la Comunidad, impidieron la entrada a los periodistas.

Los miembros del consejo de residentes, representantes de los 600 internos, rehusaron hacer comentarios, así como un miembro del comité de empresa del centro.

La Consejería, que sólo ha citado los nombres de pila, afirmó desconocer el nombre del abogado que defiende a las empleadas. El gerente del Servicio Regional de Salud, Fernando Bregón Oca, ignora qué alegaciones han hecho las empleadas al "voluminoso expediente".

Responsables del sindicato CC OO consideran correcta la actuación de la Comunidad y rigurosa la investigación.

Las trabajadoras -dos terapeutas ocupacionales y dos auxiliares domésticas, con amplia experiencia laboral y edades entre los 30 y los 40 años- han sido despedidas por una "falta de lealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas".

Integración Social ha trasladado el caso a la Fiscalía de Madrid por si los hechos fueran constitutivos de delito con responsabilidad penal.