El Gobierno abre el sector eléctrico a la competencia al aprobar su nueva regulación

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, que será enviado al Parlamento por el procedimiento de urgencia con el fin de que sea aprobado en la presente legislatura. La nueva ley, que nace con el objetivo de introducir elementos de competencia en el sector, obliga a las compañías eléctricas a separar las actividades de producción de las de distribución y comercialización, al tiempo que permitirá la entrada de operadores hasta ahora ajenos al sector. Asimismo, los consumidores finales podrán elegir la comercializadora que quieran en función del precio de la tarifa. La ley instaura también la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), cuya misión principal es velar por el consumidor final.

El ministro de Industria, Claudio Aranzadi, presentó ayer, tras la reunión del Ejecutivo, el alcance de la nueva ley. Esta no modifica la consideración de la actividad eléctrica como un servicio público, en el que la garantía de suministro y la planificación global, por tanto, está en manos de la Administración. Sin embargo, según destacó el ministro, a partir de la aprobación de la ley, la Administración verá drásticamente limitadas sus facultades de discrecionalidad en el funcionamiento del sector.Aranzadi destacó en ese sentido, y como uno de los puntos fundamentales de la ley, "la introducción de elementos de competencia en el funcionamiento del sector que tienden a minimizar el coste del servicio sin deteriorar la garantía de suministro". El titular de Industria aprovechó, además, para contestar a las afirmaciones que han realizado algunas compañías -bien directamente, bien a través de grupos de presión especializados- para retrasar la promulgación de la ley. Estas empresas, según se recoge en un documento de la sociedad sectorial UNESA, tacharon la ley de "intervencionista, anticonstitucional, nacionalización encubierta y monopolio de comercialización". El Consejo de Estado emitió un informe favorable a la ley de Industria y, además, rechazó tajantemente las acusaciones de UNESA.

Los elementos de competencia a los que se refiere Aranzadi y que han sido fuertemente contestados por las eléctricas, suponen, en realidad, una ruptura radical en el funcionamiento tradicional del sector, principalmente por la separación de las actividades de producción, distribución y comercialización -agrupadas en la actualidad en una sola entidad- y por permitir la incorporación a esas actividades de empresas hasta ahora ajenas.

Separación de actividades

La separación de actividades obliga a las actuales compañías a crear empresas distintas para cada caso, de manera que no puedan hacerse bajo una misma razón social (como ocurre ahora), aunque distribución y comercialización las podrá hacer una misma sociedad. Desde el momento en que se apruebe la ley en el Parlamento, las empresas productoras se encargarán de generar la electricidad y las comercializadoras de llevarlas al consumidor final a través de las redes de distribución controladas por las distribuidoras. Red Eléctrica seguirá gestionando la explotación unificada de la red de alta tensión. Las eléctricas tendrán un periodo transitorio indefinido para separar las actividades y, asimismo, tendrán ventajas fiscales para la creación de las nuevas empresas.Esa es una de las concesiones que han conseguido las eléctricas del Ministerio de Industria. Otra ha sido la exigencia de que las nuevas comercializadoras tengan un capital mínimo desembolsado de 1.000 millones de pesetas. Esta exigencia imposibilita en gran medida a los pequeños empresarios a crear comercializadoras para actuar en radios de acción reducidos.

Las comercializado ras se encargarán de la contratación y el cobro al cliente, suprimiéndose el actual régimen. En la actualidad, cada compañía tiene un mercado cautivo por el mero hecho de. operar en una determinada zona y el cliente no tiene posibilidad de cambiar de compañía. Con la futura ley, cada consumidor podrá elegir comercializador en función de las condiciones que le ofrezca, sobre todo en los precios de venta al público. La conexión entre comercializadoras y productoras la realizará una corporación de derecho público. Esta corporación comprará la energía generada por las productoras y se la venderá a las comercializadoras y no a un precio fijo, sino en función de la cantidad que adquiera, el destinatarlo y la forma de pago.El sistema eléctrico nacional está integrado, ya que comprende las actividades de producción, intercambios internacionales, explotación unificada, transporte y distribución y comercialización. La finalidad es garantizar la seguridad de suministro y velar por la diversificación de las fuentes de energía primaria.

Pero, además, la ley permite la existencia de un sistema independiente, que consiste en que la Administración podrá autorizar que determinadas instalaciones queden fuera del sistema integrado y no tengan que vender su energía a la Corporación. Este sistema paralelo permite vender a grandes consumidores o exportar sin necesidad de ajustarse a la tarifa oficial.

Comisión Nacional

Para velar por todas estas operaciones, la ley contempla también la constitución de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico (CNSE), cuya función será regular el mercado y velar por la transparencia. La CNSE actuará también como árbitro de conflictos entre operadores o de éstos con clientes. Entre sus tareas figura la de determinar a prior¡ cuáles son los sectores considerados estratégicos y, por tanto, a los que no podrá cortarse la energía por falta de pago.Otro punto que ha sido conflictivo es la posibilidad de que se incorporen inversores ajenos al sector para la construcción de nuevas centrales. El Plan Energético Nacional (PEN) contempla unas necesidades de potencia hasta el año 2000 de 8.400 megavatios más. La licencia se concederá por subasta pública al mejor postor. Pero si persiste la caída de la demanda de energía las obras podrían retrasarse, según Aranzadi.