El Parlamento debate hoy un informe del Tribunal de Cuentas que eleva el déficit de 1989 en 1,4 billones

El Parlamento estudia hoy un informe de] Tribunal de Cuentas que señala que la deuda de la Administración General del Estado en 1989 fue superior en 1,39 billones de pesetas a la reconocida por el Gobierno. Asimismo, afirma que los organismos autónomos sufrieron durante ese mismo año un déficit de 33.005 millones en vez M superávit de 145.074 millones expuesto por el Gobierno.El Tribunal de Cuentas "llama la atención sobre la necesidad de reducir a sus justos límites" la contratación mediante adjudicación directa, que limita la libre concurrencia que debe entenderse de interés público.

El pasado martes, él ministro de Economía, Carlos Solchaga, aseguró en el Senado en respuesta a una pregunta del senador del PP, Miguel Pérez Villar, que "no existe ningún déficit oculto" en la contabilidad del Estado. El senador había solicitado al Gobierno su opinión sobre el informe del Tribunal de Cuentas sobre 1989, en el que, según dijo el senador, refleja un desequilibrio de unos 467.000 millones de pesetas por la forma en que se anotaban los intereses.

Solchaga ya contestó en febrero de 1990 a un informe similar del Tribunal de Cuentas que detectaba un desfase de 800.000 millones en el déficit público de 1985.

Durante el año 1989, el gasto público superó a los ingresos en 774.300 millones de pesetas, con lo que el déficit del Estado se situó en el 1,7% del producto interior bruto (PIB) cuando un año antes era del 3% del PIB, según los datos oficiales facilitados entonces. Durante 1989 los ingresos públicos fueron de 9,5 billones de pesetas y superaron un 11 % a los 8,7 billones presupuestados, como consecuencia, principalmente de una mayor recaudación de impuestos directos.

El informe que se debate hoy llega en un momento en el las acusaciones de corrupción polarizan el debate político. El Tribunal de Cuentas deja patente los múltiples riesgos de irregularidades que comportan en la práctica los contratos adjudicados directamente. Junto a la ventaja de rapidez que suponen, "encierran el grave inconveniente de limitar la concurrencia general, la cual debe considerarse de interés público", resalta el Tribunal.

El análisis realizado por éste de la Cuenta General del Estado de 1989 muestra una falta de documentación que pruebe que la Administración alentó la presentación del mayor número de ofertas empresariales ante cada adjudicación. Tampoco existe por lo general, agrega el Tribunal, una documentación que justifique por qué la Administración se dirigió a unas empresas y no a otras, ni una explicación de cómo se aseguró el secreto e integridad de las ofertas presentadas.

El Tribunal pide al Parlamento que la Administración evite recurrir a la adjudicación directa por razones de urgencia, entre otros motivos, aduce, porque es muy escaso el tiempo ahorrado en relación con las contrataciones que garantizan la publicidad y la concurrencia de ofertas.

La fiscalización de una muestra de las subvenciones concedidas a empresas privadas mostró que los criterios por los que la Administración aprueba o deniega una subvención son, en muchos casos, "excesivamente ambiguos, genéricos y carentes de precisión". En otros casos, la Administración mostró claras deficiencias para analizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario de la subvención y para intervenir tras la constatación del incumplimiento.

Compras militares

El informe sobre la Cuenta del Estado de 1989 -entregada por el Gobierno con seis meses de retraso respecto al plazo legal de que dispone, la mitad de demora que en 1988- será expuesto hoy por el presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, a una comisión parlamentaria de diputados y senadores.

El Tribunal llama la atención sobre las graves deficiencias de control sobre los fondos depositados fuera de España para la adquisición de material militar en el extranjero. Las cuentas de las agregadurías militares ascendían a 30.138 millones de pesetas, "sin que exista justificación", resalta el Tribunal de Cuentas, "para mantener cuantías tan elevadas fuera del Banco de España, y en su mayor parte en la banca privada".

El informe del fiscal del Tribunal, Miguel Ibáñez y García de Velasco, resalta, entre otras apreciaciones críticas, que las cuentas de resultados de la Administración "deberían modificarse en una cifra negativa no inferior a 1.392.110 millones de pesetas, que acrecería el propio saldo deudor reconocido".

Para determinar esa cantidad, el Tribunal señala que existía una sobrevaloración acumulada 467.638 millones de pesetas en los resultados presupuestados en la Cuenta General del Estado .A ello suma los intereses implícitos devengados y no vencidos de las letras y pagarés de Tesoro vivos al término de 1989 que ascendían a 569 .858 millones de pesetas y los 335.000 millones de devoluciones del impuesto sobre la renta .

El análisis de la ejecución de los presupuestos generales de Estado del año 1989, por otra parte muestra una extrordinaria modificación por el gobierno de sus propias previsiones .

El importe neto de las alteraciones presupuestarias del Estado y sus organismos autónomos ascendió a 3.6 billones de pesetas , el 28 % den relación con los créditos iniciales