La justicia de Tejas ejecuta a un ciudadano mexicano

Ramón Montoya, el ciudadano mexicano por cuya vida pidieron clemencia el Gobierno de su país y el Vaticano ante las autoridades estadounidenses, fue ejecutado en la madrugada de ayer con una inyección letal en una cárcel de Huntsville, en el Estado de Tejas. El Ministerio de Exteriores mexicano lamentó ayer "profundamente" la ejecución al reiterar su oposición a la pena de muerte, que calificó de "cruel e inhumana".

La muerte de Montoya, de 38 años de edad, fue certificada cinco minutos después de que el verdugo le inyectase en las venas el veneno químico que ordena la ley contra este reo acusado del asesinato de un policía estadounidense, en 1983.Todas las gestiones del Gobierno de México y de la Santa Sede, que pidieron a las autoridades norteamericanas el perdón para Montoya, así como todos los esfuerzos de organizaciones humanitarias mexicanas y norteamericanas, que se manifestaron en las últimas semanas en contra de esta ejecución, se estrellaron contra el veredicto del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, en última instancia, negó la apelación del condenado tres horas antes de cumplirse la sentencia. En México no existe la pena de muerte.

El padre de Montoya fue uno de los testigos de la ejecución. A él fueron dirigidas las últimas palabras del reo, quien, según el relato de otros testigos, miró a su padre cuando se le preguntó si tenía algo que decir y, simplemente, enunció: "que Dios te bendiga".

Ramón Montoya fue condenado a muerte al ser encontrado culpable del asesinato del policía John Pasco. El jurado creyó la versión del fiscal de que el mexicano había disparado intencionadamente contra el agente, en la cabeza, pese a que Montoya sostuvo que la pistola se le disparó accidentalmente mientras encañonaba a su víctima. Montoya había entrado en EE UU ilegalmente después de haber sido deportado por posesión ilegal de armas de fuego. Esta es la segunda persona ejecutada en Tejas en lo que va de año y el número 56 desde que fue reimplantada la pena de muerte en ese Estado en 1982; todos por inyección letal. El último hombre a quien se aplicó la máxima pena en Tejas fue el ciudadano dominicano Carlos Santana, de 40 años, a quien se condenó por el asesinato de un guarda jurado en 1981.

El Estado de Tejas, el único del país en el que se registran cada año más muertes por hechos violentos que por enfermedades o accidentes, tiene el récord de ejecuciones de todo el país desde que el Tribunal Supremo permitió la aplicación de la máxima pena en 1976.

En varias ocasiones, sin embargo, organizaciones de derechos civiles se han quejado de que las sentencias se dictan de forma discriminatoria. El mismo miércoles, por ejemplo, mientras Ramón Montoya esperaba su ejecución en la antesala de la muerte, un jurado integrado exclusivamente por blancos condenaba a sólo cinco años de prisión menor a un extremista defensor de la supremacía blanca implicado en el caso del asesinato de un negro.

El acusado es un joven cabeza rapada, Christopher Brosky, quien había participado junto a un grupo similar al Ku Klux Klan en la muerte de un ciudadano negro en Dallas hace dos años. Los abogados de Brosky consiguieron demostrar que su defendido no había apretado el gatillo, pero quedó claro que sí había participado en el linchamiento.