Un proyecto marcado por la polémica

La ley de huelga ha tenido un largo y brusco camino y, en sus diferentes etapas, ha enfrentado a los sindicatos con el Gobierno, al grupo parlamentario Socialista con algunos ministros, y a la patronal CEOE con el Ejecutivo. Desde que se empezó a gestar, el proyecto de ley ha sufrido profundas transformaciones y ha estado marcado por la polémica.La norma se empezó a gestar hace ahora un año, cuando las relaciones entre los sindicatos y el Gobierno socialista atravesaban una de las etapas más difíciles. Las negociaciones para pactar un texto conjunto no dieron ningún resultado y se rompieron a principios de mayo de 1992, el mismo día en que UGT y CC OO convocaban una huelga general para el 28 de mayo pasado.

El texto que envió el Gobierno al Parlamento no incluía ni una propuesta sindical y tan sólo una simbólica de la CEOE. La dirección del PSOE decide tomar cartas en el asunto cuando el trámite parlamentario está abierto, y en el otoño pasado inicia un diálogo con los sindicatos para consensuar las enmiendas que introducirá su grupo. Hicieron falta ocho prórrogas para presentar enmiendas y una dura negociación para lograr un pacto que provocó una airada reacción de la patronal dado que el texto acordado es sensiblemente diferente con 24 artículos, frente a los 41 iniciales.

No sólo la CEOE sacó el hacha de guerra, también algunos ministros y en especial el de Economía, Carlos Solchaga, han venido defendiendo que se modifique el acuerdo logrado entre el PSOE, la UGT y CC OO, y suscrito por el ministro de Trabajo, Luis Martínez Noval.

El grupo Socialista ha abierto así dos frentes: con su propio Gobierno y con la patronal, que ha intentado por varias vías que el texto se modifique. Su presidente, José María Cuevas, lo resume en una frase lapidaria: Con esa ley, "huelga convocada por cualquier dirigente sindical es huelga ganada".

En el informe elaborado por los asesores laborales de la confederación empresarial se dice que con esa norma no se puede despedir a un trabajador por participar en huelga ilegal o incumplir servicios mínimos ni se evitará en modo alguno la violencia ni se impide la actuación de los piquetes informativos que, a juicio de CEOE, no tienen sentido una vez que son públicas las convocatorias de los paros.