La oposición afirma que el nuevo Código Penal privilegiará a la Administración

El PSOE se quedó áyer solo en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, frente a toda la oposición, en la defensa del sistema de responsabilidad civil de la Administración por los delitos de sus funcionarios, introducido por el Gobierno en el proyecto de Código Penal. Frente a las críticas de "privilegio de la Administración" y "agresión a los ciudadanos", el ponente socialista José María Mohedano presentó el artículo 122 como una innovación, que agilizará el cobro de las indemnizaciones por las víctimas.

Los 20 votos socialistas bastaron para aprobar el precepto, frente a 13 del resto de la. oposición, que en muchas otras votaciones se unió al PSOE, en un clima de colaboración que permitió aprobar ayer 451 nuevos artículos y terminar la parte general, de lo que se congratuló el presidente de la comisión, Javier Barrero.El precepto más debatido ayer fue el artículo 122, por el que la Administración Pública 11 responde patrimonial y directamente" de los daños causados por sus funcionarios, "penalmente responsables".

El párrafo cuya supresión se pidió, sin éxito, establece que tal responsabilidad "habrá de exigirse directamente de la Administración responsable" y que, si se exige en el proceso penal, la sentencia no podrá "decidir sobre la relación entre la conducta del culpable y el servicio público de que se trate, ni sobre la eventual responsabilidad de la Administración, que habrá de exigirse directamente ante ésta".

"Peregrinaje" ciudadano

Emilio Olabarría, por el PNV, criticó "el peregrinaje que se impone al ciudadano", de una a otra jurisdicción. Por IU, José Luis Núñez aseguró , que este precepto "enmascara un privilegio para la Administración y una agresión para los derechos de los ciudadanos". Otros grupos se opusieron al artículo, entre ellos José Antonio Souto, por el CDS, y José Cañellas, por el PP.

A todos ellos contestó Mohedano, quien acusó a sus oponentes de "aferrarse a la vetusta fórmula vigente, que conduce a numerosos retrasos en las indemnizaciones". Mencionó los casos de la presa de Tous, la colza o el incendio de la madrileña discoteca de Alcalá 20, para concluir que "con la regulación actual no se beneficia al ciudadano". Negó que exista privilegio para la Administración y señaló que, por el contrario, "se trata de agilizar la indemnización y anticipar su cobro, mediante la reclamación directa a la Administración, sin necesidad de que el funcionario sea condenado y en concordancia con la nueva ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas". En todo caso, el PSOE se mostró abierto a clarificar el precepto en sucesivos trámites.