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Toda la oposición menos IU acepta la oferta de Borrell para negociar la ley de alquileres

J. RIVERA / C. VALDECANTOS Sólo Izquierda Unida (IU) se negó rotundamente a aceptar la oferta de] Gobierno de negociar el proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) lanzada ayer por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrel, en el pleno del Congreso de los Diputados. La Cámara rechazó las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley por el Partido Popular, Convergéncia i Unió, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Paradójicamente, estas cuatro iniciativas sólo contaron con el respaldo de 66 votos, menos de la mitad de los diputados que integran los grupos enmendantes.

"Habrá que mojarse, habrá que retratarse. Con esta ley se ha acabado el tiempo de la palabrería hueca". De esta forma aprovechaba Borrell el primer debate formal sobre el proyecto de ley de alquileres para lanzar un reto al conjunto de la oposición. El ministro, que subrayó reiteradamente la trascendencia social del proyecto de ley a lo largo de su intervención, defendió que "el objetivo del texto es hacer frente a los problemas reales olvidándonos de cualquier cautela electoral".El proyecto de ley de alquileres introduce tres modificaciones básicas en los arrendamientos de viviendas: el establecimiento de un periodo de cuatro años como duración mínima para todos los contratos, la actualización de las rentas con!

geladas con la inflación y el recorte del derecho a la subrogación.

En cuanto a los alquileres de los locales de negocios, el Grobierno ha optado por diferenciar entre el comercio y la actividad de carácter financiero. Para los primeros elaboró un calendario de resolución de contratos que va de 14 a 16 años, en tanto que para los segundos el plazo se fija entre 8 y 10 años. Por otra parte, el proyecto de ley establece una actualización en cinco años para las rentas congeladas y restringe el derecho de traspaso.

El guante lanzado por Borrell fue recogido, con mayor o menor intensidad, por el conjunto de la oposición excepto IU.

El PP, cuya enmienda fue defendida por la diputada Teófila Martínez, fue el que se Mostró más reticente a la propuesta, a pesar de aceptarla. El primer partido de la oposición acusó a Borrell de electoralista y condicionó su apoyo a tres premisas fundamentales: la revisión del plazo de duración de los contratos de viviendas en alquiler, la actualización de las rentas congeladas en viviendas y la prolongación de los periodos mínimos de arrendamiento de los locales cornerciales. El debate posterior sobre estas tres demandas puso en evidencia las diferencias que separan al PP del PSOE.

Gasto adicional

El ponente del PSOE, Abel Caballero, discrepó de las tesis populares y señaló que el coste de alguna de sus propuestas concretas pueden suponer un gasto público adicional de 100.000 millones. Caballero, que en todo momento respaldó a Borrell, dudó de que el PP "pueda garantizar el diálogo sobre esta ley".

Sin embargo, la distancia más notable la marcó Jerónimo Andreu, el ponente de IU, que se negó tajantemente a cualquier tipo de pacto. Andreu defendió la creación de una comisión de arbitraje para fijar los precios de las viviendas en. alquiler y un tratamiento diferenciado de la legislación de locales de negocios. Además, sentenció que "este proyecto de ley corrobora 10 años de política de vivienda equivodada".

Convergéncia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco dejaron la puerta abierta al diálogo, aunque lanzaron severas críticas al ministro de Obras Públicas. Lluís Recoder, ponente de CiU, admitió que el proyecto de ley podría ser "inconstitucional". Sin embargo, aceptó el consenso siempre y cuando se solucione este aspecto y se mejore la situación de los pequeños comerciantes.

El PNV, por medio del diputado Emilio Olabarría, se detuvo en dos aspectos del proyecto de ley recordados por casi todos los intervinientes: la actualización de las rentas antiguas y el impacto de la ley sobre los pequeños comerciantes. Olabarría, que aceptó también la oferta de diálogo socialista, propuso que el equipo de Borrell presentara en un plazo de seis meses un proyecto de revalorización de las rentas de los alquileres mediante módulos.

El apoyo más decidido lo ofreció el CDS. Su portavoz, Rafael Martínez Campillo, subrayó: "Queremos cooperar, queremos sentirnos coautores de una de las leyes más importantes de todo el entramado democrático". Además, propuso la creación de un Fondo Nacional de Subvención al Alquiler.

El debate, en el que los partidos de la oposición reservaron a sus portavoces más renombrados, concluyó con una votación sorprendente. Las cuatro enmiendas a la totalidad contaron con el respaldo de sólo 66 diputados, cuando entre los cuatro grupos proponentes totalizan más del doble. La votación se completó con 142 diputados en contra de las enmiendas y tres abstenciones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 12 de marzo de 1993

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