Collado niega valor jurídico a la comisión parlamentaria que le acusa de prevaricación

El presidente del Gobierno murciano, el socialista Carlos Collado, negó ayer que tenga validez y "garantías jurídicas" la Comisión del Parlamento Regional que ha apreciado indicios de malversación y prevaricación en sus decisiones sobre la compra de la finca Casa Grande. "La gente viene a escurrir el bulto" a esa comisión, aseguró Collado en el hemiciclo de la Asamblea, que comenzó ayer a debatir la moción de censura del PP contra él. Collado pasó de puntillas, por la polémica que le enfrenta con su grupo, de cuyos 24 diputados, 22 le han cuestionado. Muestra del abismo que le separa de los parlamentarios que formalmente le apoyan es que Collado no arrancó en más de dos horas ni un sol aplauso o gesto de apoyo de los socialistas.

Las palabras de Collado motivaron que abandonase rápidamente el hemiciclo el presidente de la citada comisión y portavoz de la ejecutiva regional del PSOE, Silvino Jiménez. Éste, con enorme irritación, declaró en los pasillos a un grupo de periodistas que "alguien" miente "como un bellaco". "No se puede tolerar", agregó, "que se le tome el pelo de esta manera a la región. No se puede aguantuar que diga que la comisión no tiene garantías jurídicas". Jiménez se encerró en el despacho del grupo socialista. Cuando salió minutos después camino del debate, más calmado, negó a preguntas de otros informadores haber pronunciado las anteriores palabras.La Comisión de Economía de la Asamblea concluyó por unanimidad el pasado día 25 que el Gobierno murciano pagó a Ferrovial en agosto de 1989, sin causa justificada, 2.034 millones de pesetas por la finca Casa Grande, cuyo valor teórico era de 500 millones, para cederla a la empresa General Electric. La comisión, que apreció indicios de malversación y prevaricación en las decisiones de Collado, envió toda su documentación al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que a su vez la ha remitido al fiscal.

Collado, ante el revuelo por sus palabras, mostró después formalmente su "respeto máximo" a la comisión, pero dejando patentes sus reservas ante algunas de las declaraciones hechas ante ella y luego "no mantenidas" ante el juez.

Las réplicas y dúplicas al respecto entre el presidente regional y el diputado del PP que presentaba la moción, Alberto Garre, animaron un debate que hasta entonces había sido bastante gris.

Garre presentó la moción, que propone como candidato popular a la presidencia del Gobierno murciano al líder regional del PP, Juan Ramón Calero, con un discurso de media hora en el que acusó a Collado de haberse convertido en "el exponente más claro de lo que no puede ser un político" y "el mayor inspirador del mayor escándalo que ha conocido la región".

Collado replicó con un discurso de 80 folios de los que 55 se dedicaron a detallar por qué General Electric se decidió por Casa Grande y a replicar al informe del Tribunal de Cuentas que constató anomalías en la contabilidad murciana en 1989. El presidente regional derrochó argumentos de múltiples juristas y citó sentencias del Supremo para recalcar la diferencia entre el valor nominal de una acción y su valor real, ya que Casa Grande se compró a través de una adquisición de acciones.

El presidente murciano negó haber cometido ninguna irregularidad y destacó que la labor de su Gobierno consiguió con toda esta operación mantener en Cartagena "la que será la mayor inversión industrial realizada nunca en España".

"Elevadísima exigencia"

Su técnico discurso no hizo en cambio ninguna referencia ni al informe de la Asamblea, ni a la remisión por el Tribunal de Justicia de Murcia de la documentación al fiscal, ni a la crisis en el Grupo Socialista -cuestión a la que sólo dedicó dos frases en las más de cuatro horas de sesión, para reclamar al PP que deje a los socialistas resolver sus propios problemas- El jefe del Ejecutivo regional atribuyó las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas al "elevadísimo nivel de exigencia teórica y formal" de éste.

Ante la acusación de Garre de que no había respondido a nada con su "lección magistral de derecho mercantil", Collado replicó que contestaba a los apartados de la comunicación parlamentaria de la moción de censura popular, no al informe que la Comisión de Economía de la Asamblea ha elaborado, según dijo, "respecto a no sé qué punto". Y aquí comenzó la polémica.

El jefe del Gobierno de Murcia terminó ayer su presencia en la tribuna con un golpe de efecto. Exhibió y entregó al presidente de la Asamblea una carta remitida por fax por el presidente de General Electric, quien señala que esta empresa eligió Casa Grande por sus "circunstancias óptimas". Y blandiendo los folios, señaló con el dedo a Silvino Jiménez para reprocharle que la comisión que éste preside no hubiese llamado a declarar a ningún directivo de la citada compañía.

El debate de la moción de censura terminará hoy con su previsible rechazo por los 24 diputados socialistas frente al apoyo que prestarán a Calero los 17 parlamentarios del PP. Los cuatro diputados de Izquierda Unida se abstendrán previsiblemente.