Ayudar y a los pequeños comerciantes

En un momento conflictivo como el actual los poderes públicos han de pelear por conseguir un pacto que facilite las cosas a los pequeños comerciantes. Pero mientras el acuerdo llega, hay medidas, como las reducciones fiscales, que la Administración local puede aplicar ya unilateralmente.

Hace unos días, el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, anunciaba que se estaban estudiando una serie de medidas para incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como otras de estímulo a la inversión.Además de una serie de mcdidas cuya iniciativa es exclusiva responsabilidad de la Administración central del Estado, referentes a los métodos de amortización, deducciones por inversión y flexibilización en la compensación de pérdidas, proponía analizar con la Federación Española de Municipios y Provincias las posibles modificaciones a introducir en el impuesto de actividades económicas (IAE) tras el primer año de implantación.

No es fácil -aunque no debería ser imposible- que en este año electoral distintas administraciones de diverso color político se pongan de acuerdo en materia fiscal, especialmente en un tributo que, como el IAE, afecta a un número tan elevado de contribuyentes.

La dificultad no debe impedir el intento y, por ello es encomiable el anuncio de esa iniciativa por parte de la Secretaría de Estado de, Hacienda y es deseable que los ayuntamientos y diputaciones acepten esta invitación y se pueda llegar, tras un análisis sereno, a la corrección de los elementos más discutibles del tributo, como, por ejemplo, el factor superficie en la determinación final de la cuota.

En cualquier caso, el inicio de esas conversaciones no debe impedir que la Administración central, por un lado, y los ayuntamientos, por otro, inicien las medidas que autónomamente pueden emprender de inmediato para intentar ayudar a que las pequeñas y medianas empresas sobrevivan en los momentos difíciles por los que atraviesa la situación económica, así como facilitar el nacimiento de otras nuevas.

Todo el mundo sabe que son estas pequeñas y medianas empresas quienes generan la mayor parte del empleo, y todo lo que se haga desde las Administraciones públicas para su impulso debe sabernos a poco.

La Administración central, pues, ha dado un primer paso que, sin duda, debe materializar y complementar con otros-, y le corresponde a los ayuntamientos, en primer lugar, responder positivamente y, al tiempo, lanzar sus propias iniciativas.

En el caso concreto del Ayuntamiento de Madrid, la primera medida a tomar debería ser contundente, reduciendo el coeficiente de población del impuesto de actividades económicas desde el 1,65 actual a una cifra que supusiese que las cuotas medias que pagan los empresarios y profesionales sujetos al tributo no sean superiores a los valores actualizados que pagaban en 1991 por los impuestos a los que el IAE sustituyó (licencia fiscal y radicación).

Esa medida la puede tomar libremente el ayuntamiento pleno sin esperar a ningún tipo de reforma del tributo y la cuantía a fijar del coeficiente se puede calcular rápidamente desde una comisión técnica creada al efecto entre funcionarios municipales, tal y como propusimos el Grupo Municipal Socialista en la sesión plenaria del pasado 22 de enero.Licencias de aperturaDe igual modo, el Ayuntamiento de Madrid, en el ejercicio de la autonomía que las leyes le otorgan, puede, y debe, reducir la tasa de licencia de apertura de establecimientos -que ha aumentado en un 19% en las ordenanzas fiscales aprobadas para este año-, así como eliminar la tasa por licencia de obras, recientemente impuesta, pues al entrar en vigor el impuesto de obras esta tasa supone en la práctica totalidad de los casos una doble imposición.

Una y otra tasas gravan precisamente a quienes emprenden o mejoran una actividad económica generadora de nuevo valor añadido y empleo, lo que precisamente está en el núcleo central de todo el conjunto de medidas que hemos de emprender para superar la actual situación de debilidad económica.

Junto a estas medidas de carácter fiscal pueden, y deben, emprenderse por parte del Ayuntamiento de Madrid otro conjunto de medidas, tales como la ayuda económica a aquellos comerciantes de mercados y galerías que decidan estudiar la viabilidad y, en su caso, la materialización de la transformación de esos mercados y galerías de alimentación en auténticos centros comerciales que, con una oferta más variada y de mayor calidad, puedan competir adecuadamente ante las nuevas condiciones del mercado.

Puede, y debe, también el ayuntamiento ayudar a los pequeños comerciantes, facilitándoles en los terrenos de Mercamadrid el suelo necesario para, si logran organizarse debidamente, crear centrales de compras en las que se provean de los productos a unos costes que les permitan vender a unos precios más competitivos con las grandes superficies, con lo que tanto ellos como los consumidores saldrían beneficiados.

Otras medidas, tales como ayudar a esos pequeños comerciantes a su formación profesional o a su organización en el caso de tener que concursar a la adjudicación de alguna potencialmente nueva gran superficie, son políticas que permitirán resistir en mejores condiciones la dureza, no sólo de la coyuntural situación económica, sino de la permanente dura competencia que sufren en la transformación de modos y hábitos de consumo que viene produciéndose desde hace tiempo y que, con toda seguridad, continuará.

No se trata, por supuesto, de que las administraciones públicas traten de impedir el normal desarrollo de las mejoras en los canales y formas de distribución que siempre tenderán a mejorar los precios y servicios a los consumidores. Pero sí corresponde a los poderes públicos que, cuando los avances tecnológicos de la sociedad desplazan hacia el paro y a la marginación del proceso productivo y de distribución a sectores importantes de la sociedad, trate de minimizar los perjuicios que se puedan producir.

Si esta actitud vale para los trabajadores del campo, para los que trabajan en el sector siderometalúrgico y para cualquier conjunto de parados o marginados en general, ¿por qué no va a servir para un sector tan importante como son los pequeños comerciantes?

No propongo, ni qué decir tiene, que el proteccionismo suponga el freno al desarrollo del comercio ni que vaya contra los intereses de los consumidores. Lo que se propone es algo tan simple como que, al igual que en cualquier otro momento conflictivo de la sociedad, se produzca en su seno un pacto social -en este caso, entre grandes distribuidores, pequeños comerciantes y consumidores- para que el conflicto minimice sus consecuencias y que los poderes públicos actúen como impulsores de ese pacto. Al fin y al cabo, la acción política en buena medida es eso: hacer que la sociedad funcione de la manera más consensuada posible.Juan Barranco es portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid.