El Gobierno canario, al borde de la ruptura por la reforma del Régimen Económico Fiscal

El Gobierno canario mantiene un tenso debate con el Ministerio de Economía y Hacienda para desbloquear la negociación del Régimen Económico Fiscal (REF), del que depende el desarrollo de las islas tras su plena integración en la Comunidad Europea (CE). La negativa del ministro Carlos Solchaga a algunas de las principales reivindicaciones de Canarias vuelve a colocar ahora al Ejecutivo autónomo, formado por el PSOE y las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), al borde de la ruptura.

El presidente canario, Jerónimo Saavedra, del PSOE, se ha reunido en los últimos días con Felipe González y ha estado en contacto con Solchaga, pero aún no ha sido posible un acuerdo, tal como reconoció González en el reciente debate parlamentario sobre el paro. El vicesecretario socialista portavoz de dicho partido en el Parlamento canario, Augusto Brito, intentó días atrás convencer a los secretarios de Estado de Economía y Hacienda. Saavedra anunció, tras la última reunión el viernes pasado de su Gobierno, que esta semana será decisiva "para saber si habrá o no ley económica", con lo que se abre una etapa de grave crisis política en esta comunidad autónoma.Las organizaciones empresariales de Canarias han iniciado una ofensiva final ante el Gobierno central para forzar la aprobación de las bases económicas del REF. La protesta de la patronal canaria, que comenzó el pasado martes con el cierre de las empresas y la movilización, según su propio balance, de 20.000 personas, ha dado paso a algunas voces entre sus dirigentes partidarias de reabrir el delicado capítulo de la integración del archipiélago en la Comunidad Europea (CE). "Si la respuesta de Madrid no es satisfactoria, habría que pensar en salir de la CE", declaró el presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas, Ángel Ferrera.

Tres contenciosos

Carlos Solchaga ha rebajado en los últimos días la tensión creada entre su departamento y el Gobierno autónomo. En vísperas de una próxima visita de Felipe González a las islas, anuncia ahora que confía en cerrar pronto los contenciosos planteados entre Canarias y Madrid. Son tres: económico, fiscal y de financiación.

El primero de los conflictos citados se refiere a las bases pendientes del REF o ley económica, que permitirá dibujar el nuevo modelo de desarrollo de las islas. Por otra parte, la desavenencia fiscal se debe a la aplicación desde el pasado mes de enero del polémico Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), una especie de IVA canario, con el que se acaban las tradicionales franquicias al consumo de las islas y que los empresarios se han negado a pagar al tiempo que lo han recurrido.

La tercera gran cuestión es nada menos que el nuevo sistema de financiación autonómica, suscrito por las comunidades desde hace un año, menos Canarias.

El presidente del Gobierno autónomo, Jerónimo Saavedra, se reunirá en los próximos días con Solchaga para intentar desbloquear cada uno de estos frentes. Saavedra no oculta su malestar por la poca sensibilidad de Solchaga hacia las islas. Confía en que el secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, dé a conocer la ley económica antes de 15 días, "ya que, si no, habría que esperar a después de las elecciones".Dos son los principales escollos en esta negociación: los incentivos fiscales a la inversión (los empresarios piden hasta un 50% de deducción del impuesto de sociedades) y a la exportación, así como las subvenciones al transporte, que se traducen en colocar a las islas productivamente en Cádiz. Inversión en infraestructuras

Junto a estas desavenencias permanece abierto el contencioso de la financiación de la comunidad autónoma por parte del Estado. A pesar de que el Gobierno canario acepta como buena la contribución estatal cifrada en 126.000 millones de pesetas del año 90, no firmó en su momento el acuerdo por discrepar sobre las inversiones en carreteras.

Canarias aspiraba a un programa de 150.000 millones de pesetas durante diez años para infraestructuras, pero el Ministerio de Economía y Hacienda lo vetó, y la alternativa, finalmente consensuada pero no firmada aún, es mucho más modesta. El Estado se compromete a participar a partir de ahora en las inversiones en carreteras tras oponerse durante cinco años porque la competencia era de Canarias.