Las empresas de trabajo temporal aseguran que el proyecto de ley del Gobierno las hace inviables

La patronal de las empresas de trabajo temporal (Geesta) afirmó ayer que el proyecto de ley elaborado por el Gobierno para regularlas "es inviable desde el punto de vista empresarial". La oblígación de depositar una fianza en el Inem equivalente al 10% de su facturación no es financieramente soportable "porque el beneficio medio de estas empresas en Europa es entre un 2% y un 4%", explica Javier Benavente, su presidente.

El documento que ha enviado el Gobierno al Consejo Económico y Social (CES) para su consulta preceptiva establece que las empresas de trabajo temporal (ETT) requieren, para empezar a funcionar, una autorización administrativa previa y depositar una fianza equivalente al 10% de la facturación del año anterior. Además deben pagar una indemnización a los trabajadores cuando se acabe el contrato temporal y destinar un 1% de la masa salarial a formación. "Todo esto incrementa los costes un 16%, como mínimo", se queja Javier Benavente. En España funcionan desde hace años unas 200 empresas de este tipo pese a no estar legalizadas. A la patronal Geesta están asociadas 50 de estas empresas, que el ano pasado encontraron ocupación a 100.000 personas. Esta patronal anuncia que está elaborando un documento alternatívo.Geesta también denuncia un trato discriminatorio con el resto de las empresas a la hora de contratar. "Nosotros tendremos que pagar una indemnización del 5% cada vez que finalice un contrato temporal, y la empresa de enfrente no". Y lo mismo dicen de la obligación de destinar un 1% a formación: "Sólo nosotros estamos obligados a ello". "Otra cosa poco realista es que los periodos de prueba para los trabajadores sean de entre cuatro y seis días, porque no le ha dado tiempo al contratado ni a sentarse en la silla". Las ETT piden que se amplíe este periodo hasta 15 días.

También se sienten discriminadas en relación con las empresas de contratas y subcontratas. "A la responsabilidad subsidiaria de la empresa contratante, en nuestro caso, se une la garantía de despositar en el Inem una cantidad equivalente al 10% de la facturación". A juicio de Javier Benavente, el proyecto de ley "está lleno de buenas intenciones, pero no tiene en cuenta la viabilidad".

Tampoco están de acuerdo con limitar a seis meses la duración máxima de los contratos, y proponen que sea prorrogable hasta tres años.

Para Miguel Alfageme, director general de Ecco, una de las tres multinacionales que operan en España, este proyecto de ley no cumple los objetivos previstos. "No ayuda a flexibilizar el mercado de trabajo ni a la creación de una nueva herramienta de política de empleo". Esta legislación "es la más dura detrás de la alemana y tiene muchas lagunas", a juicio de Alfageme. "La legislación francesa prohibe cubrir puestos amortizados tres meses antes y aquí han adoptado esta norma pero multiplicando el número de meses por cuatro", añade.