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Tribuna:

Razones para una movilización

Desacuerdos con las posturas y promesas oficiales han llevado a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) a convocar la marcha verde, afirma el autor. Y agrega que la misma pretende sensibilizar a la sociedad sobre su sector agrario y su mundo rural, pero también al Gobierno para que dé prioridad en su política a las explotaciones familiares, que, hasta ahora, son las principales víctimas del mercado.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) siempre ha creído en el diálogo institucional para alcanzar progresivamente acuerdos que mejoren la precariedad social y económica del sector agrario.Nuestra cultura del acuerdo frente al conflicto ha tenido su plasmación en estos últimos ocho meses de negociación con. el Ministerio de Agricultura después de que se firmara el acuerdo marco en mayo de 1992. Hemos asistido a las mesas de negociación, hemos expuesto nuestras opiniones, pero sólo hemos recogido desacuerdos.

El diálogo institucional ha funcionado. Por ello, no se trata ahora de reclamar más negociación, sino mayores esfuerzos políticos y presupuestarios para afrontar una reconversión que está dañando las rentas de la explotación familiar agraria y erosionando el tejido social de nuestras zonas rurales.

El diálogo, la concertación, en definitiva, es consecuentemente sólo un instrumento para avanzar, pero no un fin en sí mismo.

Aclarados los problemas fórmales sobre la interlocución entre el ministerio y las organizaciones profesionales agrarias, es bueno detenerse en lo fundamental, esto es, en los contenidos que nos separan. Nadie que sea sensato puede negar que en los últimos años el sector agrario español está hundido en una profunda crisis que, lejos de superarse, se acentúa año tras año.

Durante 1992, ningún indicador económico que afecte a nuestra agricultura ha sido positivo.

- Perdimos un 6,3% de empleo, el porcentaje más alto de la CE.

- La pérdida de renta (-8%) fue la tercera más alta de nuestros socios comunitarios, después de Holanda y Portugal, y esto sin tomar en consideración nuestra tasa de inflación (4,8%) ni la pérdida de activos anteriormente citada.

- Los precios percibidos por los agricultores bajaron un 10,5% de media, siendo más acusado este descenso para las producciones vegetales.

- Hemos padecido una sequía que ha producido importantísimas pérdidas económicas -unos 300.000 millones de pesetas- sin compensaciones equivalentes. La situación actual es de continuidad, aunque el problema se haya desplazado a otras comunidades autónomas.

Respecto a otras magnitudes económicas, la situación negativa se repite.

- Somos el único sector productivo que, de manera ininterrumpida, tiene un crecimiento negativo respecto al producto interior bruto desde el segundo trimestre de 1991.

- La balanza comercial agraria es una de las más deterioradas, con un incremento progresivo de las importaciones frente a las exportaciones.

- El nivel de endeudamiento alcanza una cifra cercana a los dos billones de pesetas (casi la mitad de la producción final agraria de 1991), sin que el mismo responda a esfuerzos inversores, sino a una demanda de préstamos bancarios para la obtención de liquidez.

- Los márgenes comerciales entre origen y consumo se agrandan en muchas producciones hasta alcanzar, en algunos casos, el 240%.

Éste es, en definitiva, el diagnóstico económico, que no es susceptible de muchas matizaciones, puesto que sobre el mismo hay un amplio consenso. No se trata entonces de coincidir tanto en la descripción de los problemas como de afrontar urgentemente las soluciones necesarias. Soluciones que ya no pueden ser homogéneas para un sector heterogéneo por la existencia de diferencias de rentas muy acusadas entre productores, grandes y pequeños, y entre regiones más o menos favorecidas.

La agricultura española sigue estando basada en explotaciones familiares que, en términos de unidades de trabajo, representa el 79% del trabajo total agrario. Este predominio de la mano de obra familiar es especialmente importante en las explotaciones de dimensión económica pequeña y mediana, las cuales conforman a su vez el tejido social más significativo de nuestras zonas rurales.

Luego, si el colectivo mayoritario son pequeñas y medianas explotaciones, cualquier política agraria tiene que orientarse hacia éstas para no abandonarlas a las leyes ciegas del libre mercado.

Ejemplos

Y es aquí donde no alcanzamos acuerdos concretos en el diálogo con el Ministerio de Agricultura. Veamos algunos ejemplos.

1. La jubilación anticipada que propone el Ministerio de Agricultura afectará en 1993 sólo a 5.000 agricultores de todo el país, repartidos en cupos por comunidades autónomas. Además, no todos los agricultores podrán ser beneficiarios de este sistema, ya que los que no alcancen un rendimiento bruto anual de 1.080.000 pesetas quedarán excluidos.

2. El barbecho obligatorio en cultivos arables no discrimina entre explotaciones; es simplemente lineal e independiente de que se tenga más o menos superficie agraria útil. ¿Por qué obligar a las pequeñas explotaciones cuando éstas necesitan sembrar toda la superficie disponible?

¿Por qué impedir un mayor poder adquisitivo a las explotaciones familiares con el nuevo sistema de ayudas compensatorias por hectárea?

3. La asignación de cuotas en el sector lácteo también es ajena a las distintas situaciones socioeconómicas de las explotaciones. No importa si el ganadero lo es a título principal, sin otra fuente de ingresos, o empresa industrial que venía produciendo leche negra (sin cuota).

Hay más ejemplos, pero todos coincidentes en el diagnóstico, por lo que sería reiterativo enunciarlos.

Nos separan los contenidos, pero nos distancian aún más los presupuestos.

Hagamos un poco de memoria para objetivar el argumento. En mayo de 1992 se aprobó la reforma de la política agraria comunitaria (PAC), en la que básicamente se produce una disminución rápida y notable de los precios, junto a tres medidas de acompañamiento -jubilación, reforestación y medio ambiente- concebidas para paliar el golpe social que provoca lo primero. En aquel momento conseguimos una reivindicación importantísima y es que la financiación comunitaria fuera del 75% para las regiones españolas objetivo uno (el 80% de nuestra superficie agraria útil).

Con la dotación presupuestaria del Gobierno, cercana a los 4.000 millones de pesetas, se desaprovecha, pues, una aplicación extensa e intensiva de estos dos programas (jubilación anticipada y reforestación), puesto que el tercero (de ayudas medioambientales) no va a ser desarrollado por el ministerio, salvo en los casos particulares de alguna comunidad autónoma.

Finalmente, queda un segmento de agricultores profesionales, con explotaciones familiares, que se encuentran en el umbral de viabilidad económica. Para ellas es preciso un auténtico plan de modernización de sus estructuras productivas.

Sensibilizar

En este sentido, el ministerio ha elaborado unas notas sobre un anteproyecto de ley que aún no tiene concreción articulada. Es decir, para este colectivo sólo existe una declaración de intenciones.

Desacuerdos en muchos casos y promesas en otros, éste es el resultado final que ha llevado a la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) a convocar esta marcha verde.

Esta marcha verde pretende sensibilizar a la sociedad sobre su sector agrario y su mundo rural, pero también al Gobierno para que dé prioridad en su política a las explotaciones familiares, que, hasta ahora, son las principales víctimas del mercado.

No se trata, por tanto, de eliminar al mercado y sustituirlo por el Estado, pero sí exigir del Estado voluntad política y responsabilidad presupuestaria para corregir los efectos más negativos del mercado, cuyo comportamiento selectivo nunca será capaz de ofrecer criterios sociales, estructurales o territoriales, imprescindibles para la supervivencia de los pequeños agricultores y ganaderos.

Por último, es necesario recordar que nuestro objetivo es estrictamente sindical, ya que -lejos de supuestas intenciones malévolas- sólo nos mueve el deseo de recuperar la confianza en la actividad agraria para el segmento más desfavorecido de nuestra agricultura. La UPA es una organización agraria con una orientación socialdemócrata, luego parece innecesario relatar las notables diferencias de planteamiento entre nuestras propuestas y las de cualquier partido conservador de nuestro arco parlamentario. En todo caso, la lógica debería conducirnos a que fuera más factible el acuerdo con este Gobierno que con cualquier otro, pero nuestra obligación no puede ser otra que la de contrastar los hechos y no las intenciones.

En conclusión, nuestra voluntad de conseguir acuerdos positivos para los pequeños y medianos agricultores sigue intacta. Esperemos que podamos obtener una respuesta similar por parte del Ministerio de Agricultura.

es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 4 de marzo de 1993

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