La larga marcha verde

Considera el articulista que algunas organizaciones agrarias,, aprovechando el contexto político de un clima preelectoral, han iniciado una larga marcha que, a diferencia de otros precedentes históricos, no se presenta como un repliegue estratégico, sino como un movimiento de avance táctico contra el Gobierno. A su juicio, la agricultura española tiene futuro si se resuelven los problemas estructurales que pueden estar frenando sus posibilidades competitivas.

"La agricultura está mal, es imposible llegar a acuerdos con el Ministerio de Agricultura y hace falta más dinero para el campo" sería un resumen de sus exigencias, que hunden sus raíces en un viejo agrarismo que tiende a concebir a la agricultura como algo especial, distinto, necesitada de apoyos y protección sin límites frente a una sociedad urbana que la margina.Como nadie sensato organiza una protesta de ese tipo sin razones, aunque el hacerlo tampoco les dé la razón, puede ser oportuno analizar algunos rasgos de la situación de la agricultura y de la negociación entre las organizaciones agracias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para entender algo de este malestar agrario".

El año 1992 no ha sido bueno para el campo ni en España ni en Europa. Desgraciadamente, parece que tampoco para el resto de la actividad económica. Sin embargo, en el caso de la agricultura española ha habido dos factores coyunturales de peso que ayudan a explicar esos resultados: una sequía que ha afectado con intensidad a ciertas zonas y unas cuantiosas cosechas en frutas y patatas que, como es sabido, se traducen en precios bajos para el productor.

Tres. decisiones

Pero, de igual forma, durante 1992 se produjeron importantes decisiones en la política agraria que están empezando a :sentirse positivamente durante este año. Por su inmediatez, citaremos tres: la plena integración de nuestra agricultura en los mecanismos protectores de la comunidad, los favorables cambios impositivos en el IVA agrario y en la subvención del gasóleo y, sobre todo, las modificaciones agromonetarias que van a significar subidas adicionales de los precios agrarios institucionales en España que superan el 10%.

Por otro lado, y aunque el pasado año no haya sido bueno, conviene no olvidar algunos datos, como que la producción final agraria ha crecido un 19%, a precios constantes, durante los últimos 10 años, o que la renta agraria por ocupado se ha multiplicado por tres durante el mismo periodo, reduciendo apreciablemente la brecha existente con otros países comunitarios. La agricultura española tiene, sin duda, problemas. Pero obviar esos datos o lanzar el mismo mensaje, tanto cuando las cosas van bien como cuando no, parece poco riguroso.

Tres son, al parecer, los núcleos fundamentales donde se centra la distinta apreciación de la situación entre el ministerio y las organizaciones agrarias. El primero, la valoración de la reforma de la política agrícola común (PAC). En mayo del pasado año, la comunidad aprobó la más importante reforma de su política agrícola, que entra en vigor esta campaña. La esencia de la misma consiste en cambiar el mecanismo de subvención hasta entonces efectuado a través de precios institucionales sostenidos artificialmente por encima de los de mercado y pasarlo, en parte, a ayudas directas a la renta de los agricultores. Así, los precios bajarán -beneficiando a los consumidores-, pero ese descenso se complementa con una subvención directa a la renta del agricultor que ahora pagaremos como contribuyentes.

Este sistema de apoyo a la agricultura distorsiona menos los mecanismos de asignación económica y el comercio internacional, aunque introduce un serio correctivo social a la pura lógica del mercado, beneficiando más a los agricultores más pequeños y menos eficientes y, en el caso de España, va a significar casi una duplicación de los fondos percibidos con cargo a los presupuestos comunitarios. Introduce, es cierto, límites al crecimiento de las producciones, porque no se puede producir indefinidamente más de lo que se consume. No es la reforma ideal que nos hubiera gustado, pero es la mejor de las posibles y, en todo caso, un avance positivo claro respecto a continuar con la situación anterior que preveía descensos de precios sin compensación. La reforma, como todo cambio importante, obligará a una adaptación a los nuevos conceptos y procedimientos. Eso puede resultar incómodo en el momento inicial, pero no parece argumento suficiente para oponerse a la misma o juzgarla de forma negativa.

Medio llena, medio vacía

Segundo, los dineros que van al campo. Este es el típico problemas de la botella medio llena o medio vacía. Al campo, a nuestros agricultores y ganaderos, va dinero procedente del esfuerzo solidarios del resto de la sociedad. Ha sido siempre y en todos los países. Y va tanto a través de las devoluciones comunitarias -casi 600.000 millones de pesetas el año pasado- como directamente del presupuesto nacional, de las comunidades autónomas o de otros organismos como la Seguridad Social. ¿Es suficiente? Depende de lo que se quiera hacer con él. Si se pretente simplemente mejorar las rentas de los agricultores mediante transferencias del resto de la sociedad, posiblemente haga falta mucho más, pero, si no está condicionado a la realización de mejoras estructurales que garanticen la competitividad futura, puede ser un pozo sin fondo ni finalidad. Si lo que se quiere es proceder a las reformas estructurales necesarias para potenciar a aquella parte mayoritaria de nuestra agricultura que es o puede ser competitiva, en términos comunitarios, posiblemente sea suficiente con lo presupuestado. Plantear el problema de la financiación con independencia de lo que se quiere hace con ella o de la situación y posibilidades globales de la sociedad en momentos de dificultades económicas parece un argumento vacío, utilizable por cualquier sector de la sociedad y no sólo por el campo.

Tercero, los mecanismos de la negociación. Hace casi un año, se institucionalizó el diálogo permanente que existía entre el MAPA y las organizaciones agrarias con la firma de un acuerdo marco que nunca se concibió como algo cerrado, sino como un mecanismo de trabajo. Se contemplaban en él medidas urgentes y otras de reforma estructural que debían abordarse de forma consensuada. El cumplimiento de las medidas contempladas en ese acuerdo es bastante alto, pero, es cierto, las normas adoptadas por el ministerio no siempre han podido ser acordadas con las organizaciones agrarias.

Es fácil pero falso echar sistemáticamente la culpa de un desacuerdo entre dos partes a una sola y siempre la misma. ¿Por qué el ministerio iba a tener interés en no llegar a pactos? ¿No podría ser que lo que se pide es imposible? ¿No pueden tener los interlocutores sociales, aunque sólo sea alguna vez, parte de la responsabilidad en el desacuerdo?

Problemas y futuro

La visión catastrofista que se quiere trasladar sobre la agricultura española refleja una falta de confianza en nuestros agricultores y ganaderos, que a través de la historia han demostrado una alta capacidad de adaptación a nuevas situaciones. La agricultura española, con toda su variedad y complejidad, tiene futuro si somos capaces de resolver los problemas estructurales que pueden estar frenando sus posibilidades competitivas. Pero será una agricultura distinta de la que conocimos en el pasado y muy próxima a realidades ya existentes en amplias zonas del país o en otros países de nuestro entorno comunitario.

Una agricultura que será posible si se ponen en marcha proyectos de modernización como los presentados por el ministerio a las organizaciones agrarias y que éstas demandaban el año pasado. Sólo poniéndonos de acuerdo sobre lo que hay que hacer sabremos cuánto cuesta y si hay dinero suficiente o no. Lo contrario puede ser un intento de capitalizar una situación complicada en beneficio de algunos, pero no de la mayoría del sector.

es director del gabinete del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.