El ministerio de la discordia

El Ministerio para las Privatizaciones "resulta esencial para la dirección del Gobierno", afirmó ayer el primer ministro Giuliano Amato en su discurso ante el Parlamento. No obstante, el primer ministro Italiano reconoció que se trata de una medida de emergencia. "La Constitución", dijo Amato, "no me autoriza a mí ni al Gobierno a imponerlo" por decreto.

La urgencia deriva del hecho de que "el ministro de Industria amenazaba la unidad de acción del Gabinete en la reordenación de las particiones estatales" en las empresas, añadió Amato. Y esto ocurre en un contexto de "agotamiento del tiempo para devolver la confianza a los italianos sobre las perspectivas de una recuperación económica y moral del país", señaló el primer ministro italiano.

"Podía haberme limitado a sustituir a los ministros de Sanidad y Finanzas", que, con sus dimisiones, forzaron la remodelación. Pero debido a las circunstancias indicadas, "no habría estado a la altura de mis deberes si no hubiera aprovechado la ocasión para afrontar una cuestión más delicada", como es esa divergencia básica surgida en el Gobierno, dijo Amato.

"En Italia", añadió, "se asiste simultáneamente a una fase de recesión económica y a una fuerte crisis política y moral. El mundo de la política está sufriendo graves heridas de los jueces, pero no son éstos la causa de su enfermedad: probablemente, el conjunto de las dos enfermedades ya indicadas ha sido la causa de las heridas que ahora vemos".

Pero "un Estado en el que los deshonestos o los presuntamente deshonestos se convierten en objeto de linchamientos y ataques arbitrarios no es tampoco un Estado de derecho", afirmó Amato, para proponer a continuación una "solución política" al problema de los escándalos que sacude a Italia.

Otra promesa de ocuparse más en el futuro de los problemas sociales del país completó sus argumentos para pedir al Parlamento el décimo voto de confianza en el periodo de sólo ocho meses.