Moreiras fija una fianza de 1.500 millones a dos directivos de una sociedad del BCH

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, ha fijado una fianza de responsabilidad civil de 1.500 millones de pesetas a Manuel Segura Ortiz y Vicente de la Calle Oliva, directivos de la sociedad Hispano Inmobiliaria de Gestión, perteneciente al BCH.

La fianza se amplía de manera solidaria a los notarios José Periel, Ignacio Zabala, Milagros Casero y José María Sánchez Llorente, y a otras cinco personas más, por su actuación en hechos que podrían constituir presuntos delitos fiscales que superan los 1.500 millones. La fianza no ha sido depositada, ya que la decisión del juez ha sido recurrida.Los cuatro notarios estaban citados a declarar ayer tarde, pero a la hora de cerrar esta edición se desconocía su testimonio. Previamente, tres de los notarios explicaron a este periódico que desconocían la imposición de la fianza y los hechos de los que presuntamente están acusados.

Hispano Inmobiliaria de Gestión es una sociedad constituida en 1988, que pertenecía al Banco Hispano Americano antes de la fusión con el Central. Los inculpados Segura y De la Calle son, respectivamente, director técnico y consejero delegado.

El vicepresidente del BCH, Santiago Foncillas, ha afirmado que se trata de una sociedad de mediación y servicios inmobiliarios filial del grupo en la que BCH tiene mayoría minoritaria y en la que participan también Ferrovial y Vallehermoso. La sociedad no tiene responsabilidad alguna, según Foncillas, si sus clientes buscan sociedades instrumentales. La fianza impuesta se ha recurrido, según el vicepresidente del BCH, porque no se puede imponer una fianza solidaria a una sociedad que aparece tangencialmente en un sumario en el que hay más de 30 acusados y pedirle la fianza de todos.

Entre las personas que investiga Moreiras se encuentra Juan Sansalvador Lacomba, titular y administrador de 24 sociedades anónimas inactivas, que eran utilizadas como interpuestas para hacer recaer sobre ellas la plusvalía en operaciones de compraventa de inmuebles y fincas, según uno de los autos dictado por el juez. Los hechos que investiga Moreiras hacen referencia a la venta sucesiva de varios inmuebles y fincas, entre otros, uno en el número 21 de la calle Diego de León, de Madrid, que fue vendido por 480 millones y el mismo día revendido por 1.650; y otro, en el número 43 de la citada calle, que se vendió primero por 693 millones y pocas horas más tarde por 1.360,8. El precio original en que el total de los inmuebles investigados fueron valorados por los anteriores propietarios se eleva a 1.561 millones y fueron vendidos por un global de 4.037 millones.