Concejales del PP en acción

Como en el cuento de Pedro y el lobo, el susto llegó cuando parecía que, una vez más, nada iba a suceder. El Ayuntamiento había dado de plazo hasta el 22 de febrero para que 30 familias gitanas de Los Focos, que venden sanitarios ilegalmente en la avenida de Daroca, retirasen la mercancía. No era el primer intento. Y ahora se quedan, al menos por el momento, sin medio de vida.Ayer, por fin, con fuerte despliegue policial, una veintena de operarios llenaron cinco camiones con todos los bidés, lavabos y retretes que permanecían a la vista. Los vendedores habían guardado ya las mejores piezas y observaron la operación con una desconcertante pasividad. Hoy concluirá la operación.

Los expositores de sanitarios, cascorros, en el hablar gitano, permanecían medio vacíos. Este mercadillo, conocido popularmente como Guarrerías Preciados, llevaba montado unos diez años, aunque antes lo regentaban otras familias que ahora viven en el poblado del Cañaveral, en Vicálvaro.

Hace un mes, el concejal presidente de San Blas, Isaac Ramos, mostró su intención de desmantelarlo, "por ocupación ilegal de la vía pública".

Entonces la operación quedó truncada porque, a sugerencia del Consorcio para el Realojamiento de la Población Marginada, Ramos aceptó una moratoria de un mes para que liquidasen las existencias. El lunes concluía el plazo fijado, y varios volquetes se acercaron a la zona pero se marcharon sin el material.

Los vendedores no se convencieron de que la amenaza iba en serio hasta ayer. A las once de la mañana llegaron cinco camiones con dos decenas de trabajadores, una pala excavadora, cinco patrullas de la Policía Municipal y una dotación de agentes nacionales, algunos de ellos a caballo. Muchos uniformes para una inexistente resistencia.

Todas las familias afectadas contemplaban la retirada de su mercancía con cara de póquer. "Tenga usted cuidado, que eso pesa mucho y como se le caiga al pie ya verá", advertía uno de ellos, miembro de la Iglesia evangelista. Una mujer gritaba indignada y un padre de familia no hacía más que exclamar: "¡Qué vergüenza que nos hagan esto!".

Su templanza era la de aquel que espera a la vuelta de la esquina para volver a hacer lo que le prohiben. "Hemos perdido dinero, pero las mejores piezas las tenemos guardadas y en una semana volvemos a vender", aseguraban. "El concejal nos dijo que si alquilábamos un solar nos daba licencia, pero ¿de dónde sacamos nosotros un terreno?".

Uno a uno, bidés, retretes y lavabos fueron depositados en los camiones. Sólo quedaron fuera las piezas rotas.

Fueron retirados 195 retretes, 126 pies de lavabo, 108 lavabos, 42 cisternas, 38 ruedas y otros 72 objetos diversos, como bidés, armarios o fregaderos., Todo este material quedó almacenado en un solar cercano que pertenece a la Junta de Compensación de La Rosa, los dueños de los terrenos que ocupan ahora los chamizos de Los Focos y donde se construirá una parte de las 10.000 viviendas previstas en la zona.

Pagar la multa

Los dueños de los sanitarios podrán recuperarlos del lugar donde han quedado almacenados después de abonar la sanción correspondiente por venta ilegal y el coste de la operación, según informa Europa Press. En un mes, las piezas que no hayan sido reclamadas serán destruidas en el vertedero. El coste de la retirada y de los materiales se ha cifrado en cinco millones de pesetas, según la citada agencia.

Hace cuatro años, cuando varías familias de vendedores de sanitarios fueron trasladados al Cañaveral, los habitantes de Los Focos se comprometieron a dejar de comerciar con estos productos. Tres familias no suscribieron el acuerdo y siguieron vendiendo retretes. Después se incorporaron otras interesadas en el negocio.

La otra cara del acuerdo era que las instituciones cumplieran su promesa de realojar a estas familias (todas, menos una, censadas por el Consorcio). Las viviendas no llegaron nunca y el baratillo volvió a quedar consolidado.

En el poblado de Los Focos viven unas 300 familias chabolistas gitanas. De ellas, 229 están censadas por el Consorcio y, por tanto, existe una compromiso de concederles una vivienda. Pero las administraciones han incumplido sistemáticamente todos los planes de realojamiento de estas familias.

Otras 78 son ilegales, es decir, construyeron su caseta después de 1986, año en que fue elaborado el censo. A éstas el Consorcio y la junta municipal del distrito les tirarán la chabola en cuanto estén listas las órdenes judiciales de derribo, solicitadas hace un mes. La venta de droga, a la que se dedican algunas familias, tanto legales como ilegales, es una lacra que arrastra este poblado desde hace años.