Orden de prisión para dos policías por pagar con droga a confidentes

La titular del Juzgado de Instrucción número, 21 de Barcelona, María del Carmen Suárez, dictó ayer el procesamiento y posterior ingreso en prisión de los inspectores de policía Baltasar Fernández Lobato y Francisco López Cuartero, acusados de haber pagado con droga a un confidente. La resolución de la juez, adoptada con el apoyo del fiscal del juzgado, Álvaro Redondo, contradice el criterio del fiscal antidroga de Barcelona, José María Mena, quien sostiene que no existen pruebas suficientes para acusar a los siete policías investigados, entre ellos los dos objetos del auto.

Suárez acusa a los dos funcionarios de cometer los delitos de tráfico de drogas y prevaricación. A López Cuartero le imputa también el cargo de falsedad en documento por haber registrado en el atestado menos droga de la realmente incautada. Los dos agentes han sido citados hoy en el juzgado de guardia donde se les comunicará su ingreso en la cárcel.

La magistrada decretó la libertad sin cargos del comisario del barrio barcelonés de La Verneda, Francisco Rodríguez Alvárez, que declaró ayer y "contribuyó decididamente en la aclaración del caso", en palabras del fiscal. Este añadió que, de momento, no se va a inculpar a los otro cuatro agentes que fueron interrogados.

Cartas de denuncia

La investigación contra los siete policías se inició hace un año, cuando Juan Carlos Vega Rebeco, un confidente policial que huyó de la acción de la justicia, envió desde París unas cartas al juzgado en donde denunciaba que diversos policías le habían pagado con droga informaciones que les facilitó en tres ocasiones. El fiscal Mena, mano derecha del fiscal jefe de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, dirigió las pesquisas y concluyó que no se habían reunido pruebas suficientes como para demostrar las acusaciones efectuadas por el confidente. únicamente sostenía que podían haberse producido pequeñas desviaciones de la droga intervenida.La controversia generada en la Fiscalía culminó con unas declaraciones de Mena en las que acusó a Redondo de "irresponsable" por haber difundido a la prensa los cargos que se imputaban a los policías. Redondo respondió a las críticas con una petición a la juez para que se abriera una causa penal contra su superior. 24 horas después, Redondo fue expedientado por la Fiscalía General del Estado. La juez ha pedido el amparo del Consejo General del Poder Judicial ante lo que considera una injerencia de Mena en su labor. Suárez fue expedientada hace una año por este organismo por dejación de funciones.

"Estoy seguro de que Jiménez Villarejo no me ordenará que recurra el auto, que yo considero que es ajustado a derecho", seña16 ayer Redondo. En el supuesto de que Jiménez Villarejo decida recurrir, Redondo pedirá ser relevado del caso.