Quejas de los contribuyentes por la "prepotencia" de Hacienda

La "prepotencia" y los métodos de la inspección tributaria generan un gran malestar entre los contribuyentes, según las quejas formuladas ante el Defensor del Pueblo durante 1992. En algunos casos se ha llegado a extremos de emplear métodos rayanos con la coacción "con el fin de que las liquidaciones realizadas por los inspectores figuren en las actas de forma acordada, firmadas de conformidad por los contribuyentes", según denuncia el defensor.Muchos de los expedientes de liquidación por vía de apremio podrían evitarse si la Administración tributaría funcionara con eficacia. De esta forma, el Defensor reconoce que muchas notificaciones no son recibidas durante el periodo voluntario de pago; deudas abonadas dentro de plazo son exigidas por vía de apremio o notificaciones de cambio de domicilio no son tenidas en cuenta.

Los contribuyentes relatan el mal trato dispensado por el personal que realiza las inspecciones en manifiesta contradicción con la letra del Reglamento, que dispone la observación de una exquisita cortesía. "Somos considerados a priori como culpables". "No contamos con defensa". "Se enfrenta un juez con un ciudadano inexperto". "La mayoría de las cosas se dicen de palabra, luego no constan por escrito", son algunas de las frases que se recogen.

Las quejas sobre el incumplimiento de los plazos por los tribunales Económico-administrativos continuaron siendo muy numerosas. Las reclamaciones deben resolverse en el plazo de un año; sin embargo el 30 de junio el retraso alcanzaba a 148.345 expedientes. Este prolongado plazo induce al Defensor a concluir que la reforma no ha conseguido los objetivos que pretendía, de manera que Hacienda "debe adoptar una solución tajante", y ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de resolver sus litigios "por vía contencioso-administrativa sin más trámites dilatorios ni privilegios para Hacienda".