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Tribuna:

La necesaria eliminación de 6.000 calderas de carbón

La contaminación por dióxido de azufre está generada principalmente por las calderas de carbón, para cuya eliminación el Ayuntamiento sólo destina este año 40 millones de pesetas, un presupuesto que el articulista considera testimonial.

El Ayuntamiento de Madrid ha eliminado prácticamente las subvenciones para sustituir las calderas de carbón causantes de la tan grave contaminación por dióxido de azufre, habiendo aprobado para este año un presupuesto testimonial de 40 millones de pesetas, que prácticamente está agotado antes de empezar, como ocurrió con los 130 millones de pesetas que se aprobaron para 1992. Así, a las extraordinarias reducciones presupuestarias hay que añadir la disminución de los porcentajes de subvención en magnitudes próximas al 300% si los comparamos con los 1.000 y 750 millones de pesetas que se destinaron para los años 1990 y 1991, con porcentajes de subvenciones del 63% para electricidad, 56% para el gas y 49% para el gasóleo C, respectivamente.Se puede y se debe acusar al Partido Popular al frente del gobierno del Ayuntamiento de Madrid de incumplir su promesa electoral de proseguir la política de subvenciones para sustituir el carbón por otras energías más limpias, poniendo en grave riesgo la salud de la población en general y muy particularmente a los afectados por problemas respiratorios.

12.000 toneladas anualesEs cierto que la contaminación atmosférica por dióxido de azufre (S02) ha disminuido; para algo ha tenido que servir la eliminación de las aproximadamente 1.000 calderas de carbón sustituidas por otras energías más limpias, que representan un descenso en la emisión de este contaminante del orden de 2.000 toneladas / año; pero todavía quedan 6.000 calderas de carbón, que, en lógica proporción, tienen una emisión de dióxido de azufre de 12.000 toneladas / año. Éstas siguen emponzoñando y envenenando nuestra atmósfera y que es prioritario crear los mecanismos para su eliminación, debiéndose volver con la máxima urgencia a los presupuestos de los años 1990 y 1991.

D¿ntro de los múltiples problemas que tiene Madrid, ninguno reviste la importancia y la gravedad de la contaminación atmosférica; y no nos referimos solamente a las emisiones del carbón en forma de dióxido de azufre, sino también a las emisiones de los vehículos a motor en forma de dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas, cuyas soluciones tienen otro tratamiento.

¿Es que la salud de los madrileños no merece la máxima atención de nuestros ediles? ¿Qué otra inversión reportará los beneficios de los 3.000 o 4.000 millones de pesetas que se deben invertir (en tres o cuatro años) en eliminar tan importante foco contaminante? ¡Si es lo que cuesta uno solo de los múltiples pasos subterráneos que tiene previsto construir el Ayuntamiento el próximo año!

Si en tan poca estima nos tiene el Partido Popular que gobierna nuestra capital, hay que decir claro y alto que no nos merecen, y si no alcanzan a ver el grave problema de contaminación que sufre nuestra ciudad, hay que reprobarles por incompetentes.

Han bastado unos pocos días de calma o como lo llamen, de "inversión térinica", para que se hayan disparado las alarmas en los medios de comunicación y entre los responsables de la salud pública, conocedores de los graves problemas que las altas concentraciones de dióxido de azufre provocan en los afectados de deficiencias respiratorias en particular y en la población en general, situación agravada por una acción continuada, dado que los efectos del contaminante son función tanto de la concentración como del tiempo de exposición al mismo.

Se conoce que el dióxido de azufre se adhiere a las vías respiratorias y dificulta la asimilación de oxígeno por los pulmones, lo que puede, en caso de alta contaminación, provocar la muerte en ancianos, niños y enfermos de asma y, en cualquier caso, alterar su calidad de vida.

Pero es que hasta para ahorrar estos munícipes son cortos de luces y entendederas, puesto que el dióxido de azufre es uno de los responsables del llamado mal de la piedra, que no es otra cosa que la descomposición de calizas y otros materiales de construcción por la acción de óxidos sulfurosos y otros agentes contaminantes en suspensión, debiéndose añadir, además, que la conservación de parques y jardines se vería reducida, posiblemente, en mayor cantidad económica que la que pretenden ahorrar eliminando las subvenciones para sustituir las calderas de carbón, puesto que el dióxido de azufre ataca a las plantas, praderas y arbustos de una forma muy acusada y su reposición supone cantidades presupuestarias muy considerables.

Por último, añadir que las instalaciones de carbón se sitúan en las zonas más céntricas de nuestra ciudad, donde habitan los núcleos de población más desfavorecidos, generalmente jubilados y ancianos, y en muchos casos se corresponden con edificios de rentas muy antiguas, cuyas transformaciones, posiblemente, nunca puedan afrontarlas si no se les proporcionan las ayudas necesarias, además de convencerles mediante campañas apropiadas de la ineludible necesidad de sustituir el carbón por otras energías más limpias, que, por otro lado, son más baratas (por tanto, amortizables) y proporcionan mejor servicio, confort y seguridad, además de ser totalmente programables.

Se da la paradoja, despropósito o como se le quiera llamar, de que, con fecha 30 de junio de 1992, el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano y López del Hierro, y el presidente de CEPSA, Alfonso Escámez, firman un protocolo mediante el cual la compañía se compromete a complementar las subvenciones del Ayuntamiento hasta con 850.000 pesetas por instalación, para todas las transfórmaciones de carbón a gasóleo C que se realicen y cuyos usuarios se comprometan a utilizar durante un tiempo determinado el combustible suministrado por CEPSA.

Este acuerdo de colaboración pretende los mismos objetivos de incentivar y subvencionar las transformaciones de carbón a otras energías más limpias, que en su día firmaron el Ayuntamiento y Gas Madrid, SA (hoy, Gas Natural SDG, SA), vigente al día de la fecha, para subvencionar adicionalmente todas aquellas instalaciones que se reconviertan a gas.

¿Cómo es posible que se firme este convenio; siga vigente el firmado en su día con Gas Natural SDG, SA, y no exista partida presupuestaria para materializar la colaboración y suplementar las subvenciones a los usuarios que decidan transformar sus instalaciones de carbón? Esto no hay quien lo entienda, y muy posiblemente los responsables municpales tampoco; lo que está claro es que esta situación, de no remediarse, la sufrirán los ciudadanos de Madrid, condenados a sufrir la incompetencia y despropósitos de la actual corporación municipal. ¿Hasta cuándo?

es director de Snell Madrid, SA.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de febrero de 1993

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