Solchaga sospecha que KIO le engaño, pero el PSOE impide que el Congreso investigue

El Gobierno sospecha que el grupo KIO le engañó al no aclarar en la preceptiva documentación sobre inversiones extranjeras si su capital introducido en España era o no de origen privado. El ministro de Economía, Carlos Solchaga, anunció ayer en el Parlamento que el Ejecutivo ha abierto expediente sobre esas inversiones de KIO en España y advirtió que emprenderá acciones legales contra los anteriores gestores del grupo si se confirma que hubo falsedad en la documentación. Pese a esta sospecha, los socialistas optaron ayer por rechazar la creación de una comisión parlamentaria sobre KIO, en contra de la petición planteada por el Partido Popular.

El ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, dijo ayer, en su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que los ex gestores de KIO pudieron mentir al cumplimentar la documentación sobre inversiones extranjeras.El ministro informó de que la apertura del citado expediente contra ese grupo se decidió tras la notificación de KIO, formulada los días 22 de diciembre de 1992 y 4 de enero de 1993, de que las empresas instrumentales holandesas Koolmees y Kookmeuw -a través de las que se realizaron sus inversiones en España- están tuteladas por el Estado kuwiltí.

En esta notificación, KIO pidió que se regularizasen las inversiones anteriores. Solchaga contestó que no era necesaria la regularización; pero, según dijo ayer, ha exigido que KIO aclare "desde cuándo están bajo tutela estatal las inversiones de Koolmees y Kookmeuw para poder tomar las medidas legales". Las investigaciones que abarque el expediente se pasarán al fiscal general del Estado para que éste obre en consecuencia e inste a los jueces a las acciones correspondientes.

Según el ministro, en los documentos entregados a la Administración española al cumplimentarse las distintas inversiones se aseguraba que dichas sociedades gestionaban fondos privados de particulares kuwaitíes, motivo por el que habrían incurrido en falsedad en documento público, lo que constituye delito penal. Además, al hallarse domiciliadas en Holanda, están sujetas al derecho comunitario. Estas dos condiciones eran suficientes para que las inversiones no tuvieran que aprobarse en Consejo de Ministros.

Solchaga también desveló que en una entrevista con el ministro de Finanzas kuwaití en Washington aconsejó "que no tuvieran a Javier de la Rosa como interlocutor", y que en una entrevista posterior en Madrid con Fouad K. Jaffar, vicepresidente de KIO, éste le ofreció como interlocutor a Manuel Guasch, "que nos pareció bien".

Pese a estas afirmaciones, el Grupo Socialista del Congreso, con el apoyo de los nacionalistas catalanes, logró ayer impedir la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la actuación del Gobierno en el desarrollo de las actividades de KIO. Los socialistas entienden que el fracaso del grupo kuwaitíes "el de un modelo de gestión financiera apoyado en la desmedida codicia de unos gestores -sin vinculación alguna con la Administración- que han causado la ruina del grupo y la fortuna personal de alguno de ellos".

El Partido Popular, que pedía que se creara la comisión de investigación, contó con el apoyo de Izquierda Unida y del Grupo Vasco.

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