Las contrataciones directas
de obras constituyen un procedimiento legal utilizado por todas las administraciones, afirmó ayer el portavoz del Gobierno regional, Jaime Lissavetzky, en respuesta a las acusaciones del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, que había asegurado que el 86% de las contrataciones de la Comunidad, en 1991, se hicieron sin convocar subastas.
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