No hay fronteras para la cámara de gas

En México no hay pena de muerte, pero 18 ciudadanos mexicanos aguardan hoy en diversas penitenciarías de Estados Unidos el momento de ser ejecutados. La lista ha conmovido a la opinión pública mexicana, y el Gobierno, empujado por la presión popular, remueve todos los códigos jurídicos a su alcance para intentar detener legalmente esta cascada de ejecuciones que se avecinan y que, de aplicarse, podrían llegar a tener un impacto negativo en las relaciones entre ambos países.

En 1980, cuatro mexicanos fueron condenados a cadena perpetua en Chicago (Ilinois) por una disputa entre familias, que se saldó con varios muertos. Diez años después aparecieron pruebas que les eximían de tal culpabilidad. Hoy aquellos convictos están en libertad.La posibilidad de que la justicia norteamericana incurra en errores de este tipo con alguno de los 18 condenados a muerte preocupa en México, máxime cuando el que se sienta en el banquillo es un compatriota, emigrante, sin conocimiento del inglés y sin recursos económicos.

Lo que diferencia a México de Estados Unidos es que el primero de estos países está en contra de la pena de muerte por principio. "Es cruel e inhumana", asegura el ministro de Exteriores Fernando Solana, quien opina que la pena no es ejemplar.

Del total de 190 hispanos que esperan ejecución, 18 tienen pasaporte mexicano, lo que obliga al Gobierno de este país a brindarles protección.

El caso más patético ocurrió el pasado 26 de enero cuando faltaban sólo seis horas para que una. inyección letal acabara con la vida de Ramón Montoya Facundo en la prisión de Ellis I, en Hunstville (Tejas). Montoya, convicto del asesinato de un policía en Dallas, en 1988, había agotado todas sus posibilidades de seguir con vida.

A las 18 horas -el desenlace estaba previsto para el primer minuto del día 27- llegó por fax a la penitenciaría la orden de suspensión temporal de la ejecución. Milagrosamente, el Tribunal Supremo había aceptado un recurso de su abogado, Duff Lewis, un experto contratado por México, en el que se argumentaba una violación de las garantías constitucionales del reo durante su procesamiento. A Montoya se le había arrancado, sin la debida presencia de un abogado, una autorización para registrar su casa, donde se halló el arma homicida.

Otros tres mexicanos han corrido similar suerte a escasas horas de su ejecución. Ricardo Aldape, condenado por matar a otro policía, se salvó de la inyección letal el 24 de septiembre de 1992 gracias a un recurso de hábeas corpus. Otro recurso similar impidió que Irineo Tristán Montoya, condenado por asesinato y otros delitos, fuera ejecutado el 10 de septiembre de 1992. La próxima ejecución de un mexicano está señalada para el 9 de marzo en la persona de Juan Alonso Caballero, acusado del homicidio de tres jóvenes en Illinois.

Ramón Salcido mató a su esposa, a sus tres hijos, a su suegra y a su patrón en California en 1989. Luego huyó a México, pero fue secuestrado en su país y devuelto ilegalmente a EE UU. Ahora, México, para evitar su ejecución, alega que se violó la ley y su propia soberanía con este secuestro. Pero tiene las de perder: EE UU, según una reciente sentencia del Tribunal Supremo se considera legitimado para actuar fuera de sus fronteras en la persecución del crimen. Es su propia ley de la selva, contra la que no admite apelaciones.