Último intento de reformar el Senado en esta legislatura

El presidente de la Junta de Andalucía, el socialista Manuel Chaves, trasladó en su entrevista del 9 de enero de 1991 al presidente del Senado, Juan José Laborda, su "firme apoyo" a la reforma del Senado para convertirlo en una Cámara de representación territorial o de las autonomías. Manuel Chaves estimó "acertado y conveniente" realizar esta reforma por la vía del reglamente. de la propia Cámara y no abordar ahora tina reforma de la Constitución, de más complicada ejecución.

El presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, del PP, apoyó la reforma del Senado en, la entrevista que mantuvo con el presidente de la Cámara alta en septiembre de 1991. Juan José Lucas consideró "positivo" que el Senado se convierta en un "marco de cooperación" entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. No enjuició los procedimientos de reforma acordados por los grupos parlamentarios, aunque expresó su "respeto" al acuerdo alcanzado.

El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, en su entrevista de noviembre de 1990 con Laborda, dio su apoyo al acuerdo de principios alcanzado por los grupos parlamentarios del 25 de abril de 1990, vigente aún, cuya base era la creación de una comisión general de autonomías por la vía de la reforma del reglamento del Senado. También expresó su opinión favorable a que en el marco de la reforma se aborde la utilización de las lenguas que, como tal, tengan reconocido el carácter cooficial.

El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, su brayó en su entrevista de abril de 1991 con Juan José Laborda la importancia de potenciar al Senado como Cámara de representación territorial y ofreció su respaldo al procedimiento de reformar el reglamento de la Cámara, porque una reforma constitucional sería "en estos momentos poco aconsejable". Rodríguez Ibarra cree que las relaciones entre autonomías pueden en contrar su foro en el Senado.

El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, manifestó a Laborda en su entrevista de diciembre de 1.990 su posición favorable a la reforma de la Cámara alta por la vía de la reforma de la Constitución. De todos modos, consideró básico el consenso y, consecuente con ello, dijo que apoyaría el grado de reforma acordada por los grupos. Fraga añadió que era partidario de residenciar en el Senado los órganos que, como tales, están recogidos en la LOFCA (Consejo de Política Fiscal y Financiera).

El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, manifestó en la entrevista "que mantuvo con el presidente del Senado, en septiembre de 1991, que era partidario de deslindar el pacto autonómico de la reforma del Senado. Joaquín Leguina argumentó esta separación porque, en su opinión, el cambio del reglamento de la Cámara alta debía de servir no sólo para que el Estado de las autonomías contase con un instrumento más, sino para que el Senado tuviera más contenido que ahora.

El presidente de la Comunidad de Murcia, el socialista Carlos Collado, manifestó al presidente del Senado, en enero de 1991, su postura favorable a la iniciativa de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta de reformar el reglamento. Trasladó también a Laborda una propuesta concreta que trata de garantizar la presencia activa de los máximos responsables de las comunidades autónomas en los trabajos de la Cámara.

El presidente de Navarra, el regionalista Juan Cruz Alli, no ha expuesto su opinión, pese a los reiterados intentos hechos por este periódico. En el mes de marzo de 1991, el presidente del Senado se entrevistó con el antecesor de Alli, el socialista Gabriel Urralburu. Éste señaló que la reforma debía garantizar que el desarrollo autonómico se debatiese en el Senado y que fuera un lugar de encuentro para la cooperación.

El presidente del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, mostró al presidente del Senado, en su entrevista de septiembre de 1991, su escepticismo ante la reforma de la Cámara alta. Ardanza insistió durante la entrevista en que su máxima preocupación pasaba por las posibilidades del desarrollo autonómico. El lehendakari agregó, no obstante, que tenía voluntad de no interferir de modo negativo en la reforma de la Cámara alta.

La utilización de los idiomas de las comunidades autónomas en el Senado se plantea como el principal obstáculo para que los partidos alcancen mañana un acuerdo sobre la creación de la Comisión General de Comunidades Autónomas en la ponencia del reglamento de la Cámara. El PSOE, el PNV y CiU llevan una posición común frente al PP, y su diferencia estriba en que los populares se oponen a que se produzcan debates en el Senado en las lenguas de las comunidades autónomas, lo que forzaría a la instalación de un sistema de traducción simultánea.Socialistas y nacionalistas han consensuado un texto según el cual en la sesión plenaria anual que la comisión de autonomías dedicará al balance del Estado de las autonomías "podrán hacer uso de la palabra el Gobierno, los representantes de los Gobiernos de las comunidades autónomas y los portavoces de los grupos parlamentarios en cualquiera de las lenguas que, con el castellano, tengan el carácter de cooficiales en alguna comunidad autónoma".

El PP discrepa de esta posición, que implicaría la instalación de un sistema de traducción simultánea en el Senado, y propone una fórmula alternativa que lo soslayaría. La propuesta, presentada por José Miguel Ortí Bordás, señala: "En sus comparecencias ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, los presidentes de las mismas podrán utilizar las lenguas que, además del castellano, tengan carácter oficial en el territorio de sus respectivas comunidades, de acuerdo con la Constitución y sus correspondientes estatutos de autonomía, previa distribución en castellano del texto de su informe entre los miembros de la comisión".

Por este sistema, al limitar las intervenciones en las lenguas de las comunidades autónomas a los presidentes de las mismas, al exigirles el texto escrito en castellano y al eliminar la réplica en las lenguas de las autonomías no habría necesidad de traducción simultánea. Esta diferencia puede echar por tierra el acuerdo final para crear la comisión de autonomías, aunque en medios socialistas y nacionalistas se cree que "podría ser una excusa del PP para no llegar a un acuerdo sobre el futuro del Senado en precampaña electoral, en la que abogan por la reforma constitucional para transformar el Senado".

El 5 de abril de 1991, el entonces presidente de la Comunidad de Aragón, el regionalista Hipólito Gómez de las Roces, acompañado por el actual, Emilio Eiroa, calificaron ante Laborda como "muy positivo" el intento de reformar el reglamento de la Cámara alta como "paso previo e inteligente" para evitar la reforma de la Constitución. Sin embargo, lo consideraron un "paso insuficiente", por cuanto la adecuación del Senado como Cámara territorial depende del trabajo de otras instituciones.

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Pedro Silva, dio el visto bueno al proceso de reforma en su entrevista con el presidente del Senado el 23 de enero de 1991. Silva, además de considerar "oportuno" el momento para crear la comisión general de autonomías, manifestó su apoyo al acuerdo de principios suscrito por todos los grupos parlamentarios del Senado, y en particular a las posibilidades que, en el marco constitucional, ofrece la reforma del reglamento de la Cámara.

El presidente de la Comunidad de Baleares, Gabriel Cañellas, del Partido Popular, en su entrevista con Laborda del 19 de septiembre de 1991 no descartó que, a la larga, la adecuación plena de funciones de la Cámara alta exija una reforma de la Constitución. Consideró viable, sin embargo, la reforma del. Senado de forma paralela al debate del pacto autonómico, que han realizado el Partido Popular y el PSOE, como procedimiento de avance hacia una Cámara de representación territorial.

El presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Jerónimo Saavedra, se declara "firme defensor" de la reforma del reglamento del Senado, dado que una reforma constitucional sería muy compleja. Explica que la reforma del reglamento "potenciará el papel del Senado como foro para atenuar los conflictos entre los gobiernos autónomos y el central y que, de ese modo, no sea sólo un órgano de segunda lectura de las leyes". Saavedra no gobernaba cuando Laborda visitó Canarias en abril de 1991.

El presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, del Partido Popular, cree "muy conveniente y lógico que los presidentes autonómicos sean llamados a participar en los debates del Senado" y que allí se aborden "cuestiones básicas de legislación autonómica". "Hasta ahora, de alguna forma las comunidades autónomas han estado desconexionadas y es bueno que encuentren un ámbito", añade. Hormaechea no era presidente de Cantabria cuando el presidente del Senado realizó su gira. Ésta es su opinión actual.

El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Joan Lerma, expresó a Laborda en su reunión en marzo de 1991 su respaldo a la voluntad de los grupos parlamentarios de dotar a la Cámara Alta de mayor contenido territorial. Joan Lerma insistió a Juan José Laborda en que la reforma del Senado debía garantizar voz y voto a las comunidades autónomas en los debates que se celebrasen, y a tal fin se mostró favorable a la creación de una gran comisión de representantes territoriales. También le pareció razonable la vía acordada por los grupos parlamentarios de limitarse a cambiar el reglamento de la Cámara Alta y no proceder a una reforma constitucional para iniciar un proceso de transformación del Senado como cámara territorial o de las autonomías.

El presidente de la Comunidad de La Rioja, el socialista José Ignacio Pérez Sáenz, indicó al presidente del Senado, Juan José Laborda, en la entrevista que mantuvieron en enero de 1991, que la evolución del proceso autonómico aconsejaba institucionalizar "lugares comunes de encuentro". Pérez Sáenz señaló la Cámara alta como el foro más adecuado para ello. El presidente riojano, en línea con su partido, apoyó claramente el procedimiento de cambio del reglamento de la Cámara alta como paso para avanzar en la consecución de un Senado como Cámara de las autonomías. También consideró oportuno ese procedimiento más moderado. Por el contrario, consideró desaconsejable acometer en estos momentos una reforma de la Constitución por su complejidad y los problemas que plantearía.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, se entrevistó con Laborda en marzo de 1991. Opinó que la reforma del reglamento del Senado llega "en un momento oportuno" y mostró su "acuerdo y simpatía" por el consenso entre los grupos parlamentarios. Bono subrayó la importancia que el Senado como Cámara territorial puede suponer para el funcionamiento del Estado de las autonomías, especialmente para éstas, que pueden encontrar en él un "buen foro de debate".