El grupo Ercros vende el 65% de su filial Río Tinto Minera a la multinacional estadounidense Freeport
El grupo Ercros, controlado por Torras-KIO, cerró ayer tras varios meses de negociaciones la venta de la empresa Río Tinto Minera (RTM) a la multinacional estadounidense Freeport MacMoran, que asume el 65% del capital. Es la primera desinversión industrial importante que hace el grupo kuwaití desde que entró en crisis, y tendrá que comunicarse al juez de la suspensión de pagos de Ercros. RTM asegura el trabajo de 1.100 empleados y Freeport penetra en Europa. Freeport está interesada también en FESA-Enfersa, pero espera de que se cubra el fondo de pensiones.La operación se firmó ayer en Madrid entre el presidente de Freeport, James R. Moffet, y el de Ercros, Josep Piqué, en presencia de asesores de ambas partes, entre los que estaba el ex secretario de Estado de EE UU Henry Kissinger. Moffet y Kissinger visitaron, tras la firma del acuerdo, a los ministros de Economía y de Industria, Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi, y al presidente del Gobierno, Felipe González. Freeport se comprometió a aportar 6.000 millones de pesetas, que irán a parar al capital de la empresa tras una operación acordeón (se reduce el actual capital para después ampliarlo). De ellos, 2.000 irán a circulante y 4.000 a inversiones.
Asimismo, Freeport tiene previsto ampliar la capacidad de, la fundición de 150.000 a 180.000 toneladas. La entidad norteamericana importará cobre de sus instalaciones en Indonesia. La mina de oro seguirá hasta 1996.
El Colegio de Economistas de Madrid estudia, a petición de CC 00, el expediente de la suspensión de pagos de FESA-Enfersa por si hubiera irregularidades que podrían reabrir la vía penal contra los anteriores gestores del Grupo Torras, según fuentes del propio colegio.
La controversia se centra en la no inclusión, en el informe original, de 15.000 millones de complementos de pensiones en el pasivo. De haberse incluido la cifra, el juez hubiese declarado la insolvencia definitiva de FESA, según el colegio. El resultado de la investigación se comunicará a CC OO, al juez y al ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas).
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