Desde las filas del partido socialista

Los tres últimos fiscales generales del Estado-Javier Moscoso (1986-1990), Leopoldo Torres (1990-1992) y Eligio Hernández (desde abril de 1992)- han sido personas salidas de las filas del partido socialista. Sus actuaciones han estado marcadas por la polémica.- Javier Moscoso. Llegó al PSOE en 1982 como consecuencia de la integración del Partido de Acción Democrática (PAD) de Francisco Fernández Ordófiez. Diputado socialista y ministro de la Presidencia en la primera. legislatura socialista (19821986), fue nombrado fiscal general en septiembre de 1986. Su actuación mas polémica se produjo en septiembre de 1988: la petición de libertad provisional para los subinspectores Amedo y Domínguez, procesados por la trama de los GAL, que fue denegada por la Audiencia Nacional.

- Leopoldo Torres. Miembro del PSOE y de UGT desde 1973 hasta su designación como Fiscal General del Estado, el 26. de enero de 1990. Fue diputado por Guadalajara y tras dejar el cargo de fiscal ha vuelto a pedir su reingreso en el partido. Entre 1983 y 1990 fue miembro de las comisiones de Justicia e Interior del Congreso. Nada más llegar al cargo de fiscal general presentó una querella contra el periódico El Mundo, que no fue admitida a trámite. Pidió el indulto pare el ginecólogo Germán Sáenz de Santamaría, condenado por realizar prácticas de aborto, y obligó al fiscal de Malaga a informar a favor de ese indulto. Pidió la ampliación de la ley del aborto a un cuarto supuesto El informe del Consejo Fiscal, muy crítico con el Gobierno, supuso un choque con el ministro De la Quadra Salcedo que marcó el fin de su labor en el cargo el 3 de abril de 1992.

- Efigio Hernández. Abogado laboralista desde 1975. Ocupa desde la llegada de los socialistas al poder en 1982 y hasta 1989 puestos dependientes del Ministerio del Interior. Su nombramiento despierta protestas en sectores profesionales porque se considera que no cumple el requisito de llevar 15 años de "ejercicio efectivo de la profesión".

Su actuación al frente de la fiscalía ha estado marcada, durante los últimos meses, por el caso Filesa y el recurso contra las acciones del magistrado Marino Barbero, que ordenó registros en la sede del PSOE. Su mandato se inició con la orden de que se encarcelara a. los insumisos.

El 11 de noviembre de 1992 anunció que no actuaría contra dos consejeros y cuatro ex consejeros catalanes por el respaldo de la Generalitat a varias empresas catalanas, en contra de la opinión del fiscal Jiménez Villarejo. El 25 de noviembre el PP e IU pidieron en el Congreso su dimisión