El Supremo decidirá sobre la elección de Hernández como fiscal general

El Tribunal Supremo se declaró ayer competente para estudiar los recursos interpuestos contra el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. Estos recursos fueron presentados en su día por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mayoritaria y conservadora, la Unión Judicial Independiente (UJI) y la Asociación de Fiscales, que objetaban que Hernández incumplía uno de los requisitos legales para ser nombrado al frente de la Fiscalía General del Estado: llevar 15 años efectivos en el ejercicio de la carrera, judicial.

El gobierno computó para nombrar como fiscal general a Eligio Hernández, designado para dicho cargo el 10 de abril del año pasado en sustitución de Leopollo Torres, el tiempo -entre julio Torres, el tiempo -entre julio de 1984 y abril de 1992- que fue delegado del Gobierno en Canarias, un cargo del Ministerio del Interior.La reunión del pleno de la Sala Tercera del Supremo comenzó a las 10.30 de ayer y se prolongó durante tres horas y media. La decisión final fue adoptada por mayoría y ahora será el magistrado Ramón Trillo quien tenga que redactar la resolución acordada y sus fundamentos jurídicos, según informa la agencia Europa Press.

Una vez que la Sala Tercera ha decidido su competencia, serán los magistrados de la sección séptima de esa sala del tribunal los que tengan que "entrar en elDecisión positivaÁngel Calderón, portavoz de la APM, manifestó que la decisión del Supremo es muy positiva, ya que, dijo, "el debate no se ha enfocado simplemente desde el punto de vista de si el nombramiento del fiscal general es o no un acto político, sino que ha sido desde una perspectiva mucho más profunda: si los actos del Gobierno que hipotéticamente infrinjan la legalidad deben estar sometidos o no al control jurisdiccional".Arturo Beltrán, portavoz de Ja UJI, declaró que la decisión del Supremo es muy positiva. El motivo es que, a su juicio, ponede relieve que "incluso los actos con clara dimensión política, como el nombramiento del fiscal general, tienen que estar sometidos a derecho".

Mientras, José Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, se mostró igualmente satisfecho por la decisión del Supremo. Manzanares afirmó que celebraba que el tribunal vaya a pronunciarse sobre esta cuestión "ya que yo formo parte del grupo de vocales del Consejo que consideran que el fiscal general del Estado no reúne el requisito de los 15 años de ejercicio efectivo de la profesión".