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Editorial:

Medallas y negocio

PAGAR A los confidentes con droga, sin otro control que el derivado del criterio de los policías, es un procedimiento condenable en sí mismo: porque nunca el supuesto buen fin justificará medios delictivos. Pero es además ineficaz: estimula, más que evita, nuevos delitos. El levantamiento del secreto del sumario abierto contra 11 guardias civiles acusados de suministrar cocaína a varios confidentes ha confirmado las peores sospechas, hasta el punto de que ya no se sabe si esa práctica irregular fue la causa de la posterior corrupción de los guardias o sólo la coartada para encubrir su participación en negocios de narcotráfico. Al mismo tiempo, el sumario aporta indicios de que algunas operaciones de importación de droga y captura del alijo correspondiente fueron montajes destinados a favorecer el lucro personal de algunos de los componentes de ese grupo de agentes corruptos o a encubrir sus actividades.Si tales indicios se confirman, estaríamos ante un asunto de enorme gravedad. No sólo por lo que significa de descontrol policial, sino por el descrédito que recae sobre el Estado. La cosa viene de lejos, al menos desde 1989, y en la trama aparecen -algunos altos cargos, como el teniente coronel Quintero, segundo jefe de la unidad central antidroga. También, según las declaraciones de alguno de los detenidos, el coronel Arsenio Ayuso, retirado de la jefatura del servicio fiscal y antidroga de la Guardia Civil en agosto de 1990, pero que sigue siendo asesor del director general, Luis Roldán. Naturalmente, serán los tribunales quienes separen el grano de la paja del abundante material recogido en la investigación. Pero con lo que se sabe a ciencia cierta hay suficiente para concluir que una verdadera mafia organizada ha gangrenado los servicios antidroga de la Guardia Civil. Y que sin una limpieza a conciencia de esos bajos fondos, la impunidad estimulará la persistencia de mafias como las que ya revelaron casos como el del Nani o los GAL.

Las impresionantes revelaciones del sumario publicadas estos días por la prensa cubren de ridículo, por lo demás, a quienes acusaron al juez Garzón de precipitación o irresponsabilidad por haber ordenado las detenciones de los supuestos corruptos. Al hacerlo no dejaba inerme al Estado frente al narcotráfico, sino, por el contrario, asestaba a éste un golpe tal vez más eficaz que algunas espectaculares operaciones que ya no sabemos si fueron lo que parecían o sólo parte de una siniestra comedia. La corrupción tiene tendencia a ir de la mano con la incompetencia. Ojalá que la depuración de los corruptos que aspiraban a la vez a ganar medallas persiguiendo el tráfico y a hacer negocio practicándolo sirva también para que la sociedad pueda reconocer sin temor el indudable mérito de los funcionarios que combaten el delito sin haberlo provocado.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de enero de 1993