La Comunidad admite cinco "errores" en las contrataciones del 'caso Atocha'

La investigación interna efectuada por la Comunidad de Madrid ha destapado la existencia de al menos cinco "errores", en las contrataciones con la empresa Construcciones Atocha, según reconoció ayer el consejero de Hacienda, Ramón Espinar, quien, sin embargo, aseguró no haber detectado "ninguna irregularidad en las cesiones de obras". Horas antes, el Partido Popular, que ha remitido al fiscal general del Estado la investigación, ampliaba sus acusaciones sobre otras 10 adjudicaciones sospechosas en las consejerías de Salud y de Educación.

El consejero de Hacienda negó haber detectado "irregularidades en las cesiones de obras tras la suspensión de pagos de Construcciones Atocha, pero "sí errores materiales en la ejecución de estas obras".El PP mantiene que el volumen de adjudicaciones de la Comunidad con Atocha ronda los 4.200 millones de pesetas, en el periodo comprendido entre 1988 y 1991. Sin embargo, Espinar rebajó ayer esta cifra a 2.950 millones entre 1988 y 1992.

El primer caso de error expuesto por Espinar son las dos cartas recibidas por el jefe del servicio de Proyectos y Obras de Cooperación Local, Vicente Martínez Castelló, en las que recomendaba que se invitara a concurso a las empresas Atocha, Gemesa y Coidecosa -que cuentan con responsables y administradores compartidos. El consejero de Hacienda explicó: "Es sólo una invitación, no una recomendación para obtener las obras".

Otro "error" aparece en la cuantificación del acopio de materiales en un centro de sanidad Animal en Algete por importe de 72 millones de pesetas, cuya existencia no ha sido comprobada.

Espinar citó otra obra de Construcciones Atocha, no denunciada por el PP. Se trata de la construcción de la casa consistorial de Parla, cuyo coste se incrementó en 52 millones más de lo previsto.

El consejero de Hacienda se refirió también a la construcción de un centro agropecuario en Colmenar Viejo, a cuyo concurso de adjudicación la empresa Ferrovial presentó una oferta 12 millones de pesetas más barata que la de Atocha, que consiguió la concesión. Espinar concedió ayer que Cooperación dispuso de cierto margen de discrecionalidad para elegir la oferta.

Diferente valoración

Donde más relevante se presenta el "error" técnico-administrativo es en la adjudicación de las obras del centro sanitario de Villarejo de Salvanés. Los técnicos de arquitectura de la Consejería de Salud certificaron los pagos de 45 millones por acopio de materiales y de otros 15 millones por obras ya ejecutadas. Sin embargo, la Oficina Técnica de Proyectos de la Consejería de Política Territorial no aceptó esta valoración.

El PP señaló ayer que en Villarejo de Salvanés los materiales que certificaban la entrega de 45 millones sumaban poco más de medio millón de pesetas.

El consejero de Hacienda también reconoció que la Dráctica de admitir avales a los contratistas, a cambio de abonarles las certificaciones por acopio de materiales, puede suponer una fuente de financiación para las empresas, y planteó suprimir esta práctica en el futuro.

El PP ha remitido más de 200 documentos al Fiscal General del Estado para que investigue las adjudicaciones a Atocha y a otras siete empresas afines.

El portavoz popular en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, agregó ayer otras cuatro contrataciones, todas con Construcciones Atocha, de la Consejería de Salud. En tres de las cuatro existen discrepancias entre el coste de las obras ejecutadas antes de la suspensión de pagos de Atocha y las facturas presentadas al cobro por la empresa.

También en la Consejería de Educación y Cultura, el PP destacó seis contrataciones sospechosas. En dos de ellas, en centros escolares de Leganés y Getafe, se observan diferencias en el importe de las certificaciones.

Ruiz Gallardón reconoció que el escrito que ha remitido al fiscal es "necesariamente incompleto", y que la entrega de documentación obedece al acuerdo de la Junta de Portavoces de la Asamblea apoyado por IU y PSOE.

El PP, sin embargo, enviará más datos a la fiscalía en la medida que los reciba de la Administración autonómica. Ruiz Gallardón consideré que las irregularidades del caso Atocha exceden el ámbito de una consejería. Sin embargo rechazó formular una calificación jurídica, "que corresponde a los jueces". En su opinión, un documento falso supone una ilicitud, pero no establece una voluntad delictiva. "Tal vez se debió a un error de copia o un virus informático", apuntó con sorna.

¿Quién se ha beneficiado? ¿Quien autorizó directamente las contrataciones? ¿Quien las conocía y las consintió? Estas son las tres preguntas a las que el PP quiere encontrar una respuesta en la comisión de investigación.

Las irregularidades tienen, según el PP, "efectos económicos, que acarrean un perjuicio para la Hacienda Pública, para los contribuyentes". Para Ruiz Gallardón "Leguina no se entera de nada de lo que ocurre en la Comunidad ( ... ) y en política las responsabdidades no sólo son por acción, también por omisión".

El pleno de la Asamblea aprobó ayer por unanimidad del PSOE, PP e IU la creación de una comisión investigadora de las adjudicaciones, que será de carácter secreto, pese a la enconada polémica mantenida por el PP para que la comisión sea pública. Isabel Vilallonga, portavoz de IU, anunció que "se llegará hasta el fondo y se depurarán responsabilidades, caso de que las hubiese".