División en el Tribunal de Cuentas sobre el método para fiscalizar las cuentas de los partidos

La sesión extraordinaria de ayer del Tribunal de Cuentas mantuvo la división existente entre sus consejeros sobre cuál debe ser el mecanismo de control o fiscalización de la contabilidad de los partidos. Por siete votos a favor, los de los seis consejeros elegidos a propuesta del PSOE más el independiente, se aprobó que "en la fiscalización anual de los partidos políticos de 1989 se continuarán utilizando las directrices técnicas de fecha 28 de septiembre de l990", aplicadas al caso Filesa, y las distintas resoluciones de la comisión Mixta Congreso-Senado.El fiscal Miguel Ibáñez y el consejero Ramón Muñoz, elegido a propuesta del PP, votaron en contra, por entender que tal metodología fue excesivamente tolerante. Los otros cuatro consejeros de propuesta popular se abstuvieron. La Fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos de los años 1990 y siguientes, según el acuerdo adoptado, se hará tomando como directrices técnicas Ias que a la mayor brevedad adopte el pleno".

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó por 11 votos a favor y dos abstenciones -los consejeros de procedencia socialista Paulino Martín y Miguel Ángel Arnedo- la entrega a los miembros de este órgano propuestos por el PP "de todos y cada uno de los documentos que con fecha 10 de noviembre de 1992 fueron remitidos por el presidente del Tribunal de Cuentas, Adolfo Carretero, al magistrado del Tribunal Supremo Marino Barbero en relación con su investigación sobre el caso Filesa.

A partir de ayer, en tanto no esté aprobado el reglamento interior del tribunal, sus miembros podrán solicitar del Pleno, antes de que decida sobre una fiscalización, que se les facilite fotocopia de los documentos contables utilizados en la misma. El pleno resolverá en cada caso sobre la solicitud.

Los cinco consejeros de propuesta del PP suscribieron un documento en el que reflejan que la metodología utilizada por el Tribunal de Cuentas con el PSOE en el caso Filesa, de aplicarse a todos los partidos en el futuro, supondría "un retroceso en la fiscalización de las formaciones políticas".