El abogado del PSOE acusa al juez Barbero de querer abrir una "causa general" contra el partido
El ahogado y catedrático Horacio Oliva, del equipo jurídico que defiende a los parlamentarios del PSOE contra los que se dirige la querella del caso Filesa, calificó ayer de "inquisitorial" la actitud del magistrado instructor, Marino Barbero, por pedir a Hacienda y al Tribunal de Cuentas nuevos datos fiscales y relativos a movimientos bancarios y contables del PSOE. Oliva, defensor del diputado Carlos Navarro, estuvo presente ayer en las declaraciones del senador Josep Maria Sala ante Barbero y acusó a éste de querer llevar "una causa general" contra el partido socialista.
Al margen de la toma de declaración al senador Josep Maria Sala, verificada ayer en el Supremo, el magistrado Marino Barbero dictó dos autos en los que pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y al Tribunal de Cuentas datos sobre el PSOE. Barbero concede un plazo de cinco días a la Administración Tributaría para que le remita las cuentas bancarias en las que "siendo titulares el PSOE y el PSC, figuren como autorizados de los mismos el diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala", especificando la fecha en que fueron abiertas y si continúan en la actualidad.También solicita a Hacienda las declaraciones del PSOE, de 1988 a 1991, en las que se debe incluir la declaración trimestral del IVA y la de retenciones del trabajo personal a cuenta del IRPF y los correspondientes resúmenes anuales. También las altas y bajas de licencias fiscales, declaración del Impuesto de Sociedades, autoliquidaciones por Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales y declaración de ingresos y pagos. En otro oficio al Tribunal de Cuentas, pide que éste le remita las cuentas de caja correspondiente a 1989, así como la totalidad las cuentas parciales de mayor de todos los proveedores del PSOE que permitan comprobar el importe de la facturación.
Según el abogado y catedrático Horacio Oliva, "el instructor, con todos mis respetos, está investigando a un partido político, no la conducta de unos aforados. Pide toda la contabilidad de todas las empresas que él cree que han tenido que ver con el PSOE. Eso es lo que se llama una causa general. Eso es lo que hacía la Inquisición, en una palabra".
Oliva insistió en que cuando se investiga la vida de unas personas, de sus familias, amigos y de los amigos de sus amigos "siempre faltará una póliza"."¿Cómo es posible que el PSOE pueda entregar toda su documentación por vía judicial al primer partido de la oposición, que tiene por finalidad derrocar al Gobierno?". Oliva ironizó que entre los dineros de caja del PSOE saldrían desde los "problemas de seguridad" del partido hasta "el pago de los confidentes que el PSOE pueda tener en el PP".
"Acoso" al senador
El abogado criticó muy duramente la actitud del abogado del Estado Luis Gayo de Arenzana y le atribuyó "un auténtico acoso" y "una tremenda falta de respeto" hacia "un senador del Estado español". "Una cosa es que al senador Sala se le tenga que interrogar y otra que se afirme tajantemente: 'Usted aquí no es un senador, usted es aquí un imputado y su condición de senador la ha dejado fuera", dijo Oliva, citando a Gayo de Arenzana. Este letrado del Estado, de ideología marcadamente conservadora, es bien conocido por su verbo vehemente y el tono elevado de sus informes. Oliva insistió en que Gayo había tratado al senador Sala "peor que a un delincuente". "Creo que el instructor debería tomar cartas en el asunto, aunque, por supuesto, no lo hará", añadió.
El senador Josep Maria Sala, que contestó a todos los abogados excepto al del PP, aseguró que no tuvo ninguna intervención en la gestión de Time Export, sociedad que compró, según dijo, con vistas a alojar en sus locales el archivo histórico de los socialistas catalanes. Sus declaraciones se prolongaron ininterrumpidamente desde las diez y media de la mañana hasta las cinco de la tarde.
"Nunca me preocupé, de la gestión" explicó Sala. Mi único interés estaba en un local de más de cien metros por 25.000 pesetas de alquiler. Cuando las entidades que podían haberse desplazado no lo hicieron, el local dejó de interesarme y me desvinculé de la gestión".
Sin embargo, los acusadores Antonio Urdiales y Marcos García Montes opinaron que el senador sí conocía las actividades (presunta financiación irregular del PSOE) que se iban a realizar desde Time Export. García Montes añadió que Sala habría incurrido en un delito de falsedad, en relación con las actas de dos juntas de accionistas.
