Los inspectores piden centralizar el control tributario para evitar que los defraudadores se muden a otras comunidades

Los defraudadores saben aprovechar las debilidades del sistema fiscal español y el cuerpo de élite de la Agencia Tributaria quiere empezar a ponerles coto. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha planteado al Ministerio de Hacienda una iniciativa para “nacionalizar” las competencias de la inspección financiera y tributaria. El objetivo, según el documento presentado este viernes durante la clausura de su XXXV congreso anual, es cercar y aumentar la presión sobre los defraudadores, reforzar la unidad del sistema fiscal y evitar lo que denominan una “fragmentación territorial” de la Administración Tributaria.

Actualmente, explica el cuerpo de élite de la Agencia Tributaria, las competencias de inspección están acotadas a nivel autonómico y vinculadas al domicilio fiscal del contribuyente, por ejemplo, una empresa defraudadora. Este modelo provoca rigideces, desigualdades y un uso ineficiente de los recursos humanos. En su análisis, los inspectores sostienen que una estructura centralizada permitiría movilizar funcionarios allí donde exista mayor carga de trabajo o casos más complejos, mejorar la especialización técnica de los equipos y homogeneizar criterios en todo el territorio. Además, remarcan que la agencia ya opera con bases de datos centralizadas, por lo que la limitación territorial “es administrativa, no técnica”.

Hace años, explica José María Peláez, portavoz de la asociación, las competencias de la inspección eran provinciales y se logró avanzar hacia una regionalización a nivel autonómico. “Ahora queremos dar un salto más para poder inspeccionar a los contribuyentes situados en otras comunidades”. El problema actual de fondo, resume, es que cuando un inspector detecta posibles maniobras fraudulentas en otras autonomías ―como puede ser la emisión de facturas falsas― tiene que pedir permiso para poder investigarlas. Son trámites burocráticos que se alargan innecesariamente o que, incluso, terminan en una negativa por parte de la dirección general de inspección.

“Eso las empresas lo saben y muchas se deslocalizan a propósito a territorios concretos”, prosigue Ana de la Herrán, presidenta de la asociación. Teresa Benito, vicepresidenta, pone el foco directamente en la Comunidad de Madrid, donde la ratio entre contribuyentes e inspectores es mucho menor que en otros territorios. Si un defraudador sitúa su empresa en Cuenca o en La Rioja, resumen los inspectores, tendrán la certeza de que la inspección llamará a la puerta en algún momento, pero si se van a Madrid podrán pasar más desapercibidos. “El fraude está mundializado, por eso tenemos que avanzar hacia la nacionalización del control”, resume Benito.

Todas estas sugerencias, presentadas en un encuentro que ha juntado en Salamanca a más de 650 inspectores, no pueden desligarse de las negociaciones entre el Gobierno central y Cataluña para avanzar hacia un modelo de financiación singular. El gremio no oculta su temor a que las conversaciones desemboquen en una cesión de competencias fiscales a la Generalitat que “pondría en riesgo la igualdad entre los territorios y la propia integridad del sistema tributario”.

La cesión a la Generalitat de la gestión y recaudación de todos los impuestos ―empezando por el IRPF― vulneraría los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, aseguran los inspectores, que advierten de “graves perjuicios” en la aplicación del sistema tributario, tanto por el aumento del fraude como por el deterioro de los servicios prestados a los ciudadanos.

Frente a ese escenario, el colectivo defiende la creación de un Estatuto propio para la Agencia Tributaria, pendiente desde hace más de dos décadas. Este blindaje otorgaría autonomía orgánica y funcional al organismo, además de blindarlo frente a la injerencia política para garantizar su papel como administración “de todos y para todos”. Los inspectores reclaman que su director general sea nombrado por el Parlamento y no por el Gobierno, y que el órgano de dirección incluya representantes técnicos de todas las administraciones públicas. El gremio recuerda otras propuestas habituales, como la “muerte civil” de las empresas defraudadoras o la creación de una policía fiscal.

Estudian una posible malversación

El cuerpo de inspectores lleva meses confrontando abiertamente con el proceso de creación de una financiación singular para Cataluña y con los pasos que el Gobierno y la Generalitat han comenzado a dar para ponerla en marcha. La asociación advierte de que podrían estarse utilizando fondos públicos para construir una estructura que todavía carece de base legal y estudian una posible malversación.

Los inspectores señalan que ya se ha constituido el Consejo Asesor del Comisionado y se ha aprobado una norma para adaptar el régimen jurídico de la Agencia Tributaria de Cataluña al nuevo modelo de financiación. “Se está produciendo un gasto de dinero público en algo que todavía no existe. Estamos evaluando si puede haber una desviación o incluso una posible malversación de recursos públicos, porque la norma final aún no está aprobada”, subrayan. Y ponen sobre la mesa posibles medidas penales al respecto.

A su juicio, “se está construyendo la casa por el tejado”, ya que antes de modificar la estructura de la agencia catalana debería haberse definido y aprobado el modelo de financiación singular en sí mismo.

El malestar también se extiende al plano laboral. La asociación reconoce una creciente inquietud entre los trabajadores de la Agencia Tributaria en Cataluña, preocupados por la incertidumbre y la presión derivadas de este proceso. “Nos preocupa la salud mental y el equilibrio emocional de los compañeros. No entendemos que mientras se protege a los trabajadores en otros ámbitos, se deje de lado a los de la Administración pública”, denuncian.