El grupo antidroga de la Guardia Civil gestionó la entrada de varios alijos
La Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga (UCIFA) de la Guardia Civil -10 de cuyos miembros han sido detenidos por presuntos pagos a confidentes con cocaína y heroína- llegó a provocar entradas de estupefacientes en España para requisarlos y justificar así su eficacia, según las investigaciones de la Audiencia Nacional y la fiscalía antidroga. Las pesquisas han acreditado que este grupo de agentes disponía de droga para pagos en la sede de la unidad.
La investigación del juez Baltasar Garzón, titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, indica que los funcionarios llegaron a "provocar" entradas de droga en España a través de infiltrados o confidentes. Tras fingir que se trataba de operaciones descubiertas, los mandos de la UCIFA solicitaban permiso a los jueces o a la fiscalía antidroga para la entrada de los alijos en territorio nacional -entrega vigilada- y seguir su rastro con el fin de identificar y detener a destinatarios y proveedores. Pero los agentes ocultaban a la justicia que eran sus propios confidentes o infiltrados los que habían reclamado o gestionado la entrega de la droga.
La UCIFA, según fuentes de esta investigación, se limitaba a la intervención de la droga y, todo lo más, a la detención del peón de la organización que transportaba la maleta.
Detener al de la maleta
En noviembre de 1991, esta unidad comunicó a la fiscalía antidroga que tenía en marcha dos entregas controladas de cocaína de Colombia. Oficialmente, se trataba de alijos con un peso de 30 y 52 kilos. La UCIFA pretendía remontarse así hasta los capos de la red. Las maletas llegaron solas al aeropuerto de Barajas en diciembre. No hubo detenciones, pero sí premio para los confidentes. Estos recibieron, según los investigadores, sendas primas de cinco y seis kilos de cocaína.En abril de 1991 se produce otra entrega vigilada por la UCIFA de 10 kilos de cocaína. Sólo se detiene a la persona que la porta. Ese mismo mes, se produce otra entrega vigilada de 30 kilos de cocaína. Una vez más, se capturó al portador de la maleta. El confidente recibió tres kilos.
El juzgado número uno de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Carlos Bueren, investiga una entrega vigilada de ocho kilos de coca que debió producirse en Mallorca en noviembre de 1987 y que nunca, oficialmente, ocurrió. La investigación de Garzón ha desvelado que en la sede central de esta unidad, en Madrid, existía una caja con droga (al parecer con un kilo). Garzón ordenó ayer la puesta en libertad de los cabos Nazario Cifuentes y Vicente Montoya, bajo fianzas de 500.000 y 100.000 pesetas, respectivamente. Ambos había sido detenidos en relación con este caso, informa Efe. En La Coruña, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, dijo que el desmantelamiento del servicio antidroga "no tiene por qué afectar a la credibilidad de la institución", informa
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