El PP denuncia falsedades y favores a empresas en contratos de la Comunidad por 4.000 millones

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, anunció ayer la existencia de graves irregularidades, falsedades y trato de favor a empresas constructoras en la adjudicación de contratos de obras del Gobierno regional, por un importe de 4.000 millones de pesetas, entre 1988 y 1991. Ruiz Gallardón presentó los documentos que, a su entender, ratifican su afirmación, e instó a Izquierda Unida y al presidente regional, Joaquín Leguina, a que apoyen la creación de una comisión investigadora en el Parlamento autónomo. El presidente de la Comunidad aceptó el reto.

Ruiz Gallardón presentó en conferencia de prensa este nuevo caso de adjudicaciones sospechosas, acompañado por los parlamentarios que han investigado los contratos. Con los papeles en la mano, el diputado del PP Manuel Cobo afirmó que las obras de construcción de un centro agropecuario en Colmenar Viejo se adjudicaron a Construcciones Atocha, SA, "con un trato de favor injustificable". La empresa Ferrovial presentó al concurso de adjudicación una oferta 12 millones de pesetas más barata y con dos meses menos de plazo de ejecución que la de Atocha, que por entonces contaba con un capital social de 25 millones. Otro caso es la adjudicación, el 29 de diciembre de 1988, de una obra a Gemesa -empresa con dos empleados y un capital social de dos millones- por un presupuesto de 113 millones. El contrato se firmó al día siguiente. Pero el mismo día de la adjudicación directa, Gemesa ya había presentado una certificación para el pago de más de 72 millones de pesetas "por acopios" de materiales. "Nos quieren hacer creer que el mismo día corrieron a comprar los materiales", ironiza Cobo. Entre las partidas de la certificación figura una de más de 14 millones por acopio de "hormigones y estructura".

"Chapuza"

El PP detalló también que tras la resolución de un concurso fueron agregados varios documentos al expediente para subsanar las posibles irregularidades. De esta forma, destaca que la declaración sobre el IVA de la empresa Defensas Hidráulicas y Caminos lleva una estampilla de cotejo del 29 de diciembre de 1989, pero en el sello de la Caja de Ahorros de Madrid, en cuyas oficinas fue presentada, figura el 30 de enero de 1990. "La fecha de cotejo es falsa; además de falsedad, hay una chapuza", destaca el diputado del PP. El nombre de Dionisio Silla, apoderado de Construcciones Atocha, aparece relacionado con el de directivos de otras empresas, en principio competidoras. Curiosamente, en otro expediente de contratación directa, para construir un laboratorio de sanidad animal en el municipio de Algete, se presentaron las tres ofertas preceptivas: Gemesa, Coydecosa y Atocha. El gerente de Gemesa es Pedro Ortega García, quien a su vez es ejecutivo de Atocha. Pero Silla también es administrador de Gemesa y consejero delegado de Coydecosa.

Mas adelante, las tres empresas se vuelven a cruzar en una serie de expedientes de contratación directa. Silla representa a Coydecosa, en competencia con las otras dos firmas en El Escorial. También representa a Atocha, frente a Gemesa, en Aldea del Fresno. Y vuelve a figurar como apoderado de Coydecosa, en Pezuela de las Torres.

El jefe del servicio de Proyectos y Obras de Cooperación Local, Vicente Martínez Castelló, llega a recomendar en un informe que "al menos sean invitadas" las empresas Coydecosa, Gemesa y Atocha a una contratación en Paracuellos del Jarama.

Construcciones Atocha, SA, presentó suspensión de pagos ante el juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid el 26 de mayo de 1991, con unas deudas de 9.000 millones. Según la documentación facilitada por el PP, los interventores judiciales señalan que la empresa ha falseado las fechas de los contratos que concertó para ceder sus obras a otras compañías y eludir, así, el control de los tribunales.

Paradójicamente, el 4 de diciembre de 1991, tras la suspensión de pagos, el consejero de Cooperacion, Virgilio Cano, ordenó, "por razones de urgencia", que la empresa Atocha continuase sus obras en Paracuellos del Jarama con un exceso de presupuesto de más de siete millones.

Ruiz Gallardón reclamó la constitución de una comisión especial en la Asamblea para investigar las presuntas irregularidades en los contratos de Agricultura y Cooperación, y en otros tres departamentos autonómicos. "Si el PSOE e IU no acceden a la investigación, nos dirigiremos al fiscal general del Estado", advirtió.

El líder regional del PP intentó poner en un brete a IU, que apoya al PSOE en la Comunidad, "para que demuestre que no existe divergencia entre su política en el Congreso, donde intenta llegar al fondo de todas las investigaciones, y la que tiene en la Asamblea". Pero Ruiz Gallardón también apeló a Leguina: "Espero que no sea más exigente con sus compañeros de Andalucía [en alusión a las investigaciones del caso Ollero] que con sus compañeros de Madrid".