Cosmética politica para resacas electorales

Balances difíciles de comprobar. Subvenciones públicas registradas en cuantías inferiores a las certificadas por las instituciones. Documentos entregados fuera de plazo. Donativos ingresados; en depósitos bancarios sin todos los requisitos. La radiografía de las cuentas de los partidos, tal y como aparece perfilada en el proyecto de informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas sobre los datos de 1988, refleja la precaria organización contable de los partidos y muestra una ingeniería para encubrir los excesos en los gastos electorales, según reconoce en privado un consejero del citado tribunal.

La presunción de que casi todos los partidos utilizan argucias contables para no sobrepasar en sus balances el tope de gasto permitido en períodos electorales se convierte en algo más que una sospecha tras un análisis de su contabilidad como el realizado por el Tribunal de Cuentas. Más aún después del caso Filesa, que ha llevado a algunos dirigentes socialistas a reconocer que la investigación judici ál podría hallar un encubrimiento de gastos electorales del PSOE.Desde el PSOE (175 diputados) a Unión del Pueblo Navarro (un diputado), todos los partidos contabilizan menos subvenciones públicas de las que ingresan en realidad. Todos, menos el partido socialista en este caso, dejan fueran de sus balances las aportaciones de ayuntamientos y diputaciones.

Alianza Popular (AP) presentó en 1988 como actividades de la precampaña de las elecciones catalanas, realizadas ese año, labores que en realidad había desarrollado durante la campaña propiamente dicha. "Actuación que impide verificar", indica el Tribunal de Cuentas, "si los gastos efectivos de dicha campaña superan los límites impuestos por las leyes electorales".

Igualmente, el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSCPSOE) no ha demostrado que algunos gastos que justificó como preelectorales fueran tales y no de índole estrictamente electoral.

El CDS incluyó como gastos corrientes al menos 86 millones de pesetas invertidos en apoyo de las candidaturas de ese partido en las elecciones al Parlamento catalán. Con motivo de esas mismas elecciones, Convergéncia Democrática de Cataluña (CDC) anotó como gastos ordinarios de partido 50 millones, que correspondían a actividades electorales. Unió Democráticade Catalunya hizo otro tanto, y consignó como costes ordinarios .12 millones destinados a la campaña electoral.La legislación electoral permite a los partidos recibir dona tivos de particulares, con una cuantía máxima de 10 millones de pesetas por persona y año. De atender a los datos aportados por algunas fuerzas, esas ayudas resultarían poco menos que in existentes. La reticencia frente a esa versión radica en que el Tribunal de Cuentas constata que la mayoría de los partidos, entre ellos el PSOE y el PP, no disponen de una cuenta específica, como deberían, para controlar los donativos. Y los que las han abierto, no lo han hecho con todos los requisitos establecidos. Transcurrido 1988, AP no había amortizado créditos por 377 millones que debía tener ya pagados un año antes, sin que las cuentas de ese partido reflejasen el incremento de la deuda por los intereses impagados. Su balance no incluía préstamos por 168 millones de pesetas, y la deuda real con la Caja de Ahorros de Plasencia era superior en 26 millones de pesetas a la contabilizada por AP. Una "circunstancia que denota la no fiabilidad de las cuentas rendidas", según el autor de la fiscalización realizada por el Tribunal de Cuentas, el consejero Elíseo Fernández Centeno.

Aunque en menor cuantía, el PNV también ha incurrido en irregularidades parecidas. A. finales de 1988, mantenía intacta la deuda crediticia con la Caja de Ahorros Vizcaína por 139 millones, sin que el saldo mostrado por el PNV un año después apareciera incrementado con los intereses, no pagados. El PSOE, cuyas finanzas controlaba Guillermo Galeote, tuvo que anotar ese año un aumento de sus deudas por 2.179 millones por intereses acumulados y adeudados.