El juez dicta prisión por estafa contra Eduardo Santos, ex presidente de Macosa
El titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Lluís, Pascual Estivill, decretó ayer prisión contra Eduardo Santos, ex presidente de Macosa y ex subsecretario del Ministerio de Industria. El sumario abierto señala que Santos -que se encuentra en Estados Unidos, según manifestaron ayer a EL PAIS medios de su entorno profesional- incurrió en presunta estafa y apropiación indebida de entre 500 y 1.000 millones de pesetas en la venta de Diagonal Mar, un activo imnobiliario que Macosa vendió a la multinacional Kepro por 12.000 millones de pesetas.
El juez decretó también prisión para Francisco Albifiana Cuadra, ex consejero delegado de Macosa, que ayer ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona.El magistrado instructor ha encontrado indicios de delito en la venta de Diagonal Mar, un complejo inmobiliario propiedad histórica de Macosa situado en el barrio del Poblenou, en Barcelona -colindante con la Villa Olímpica-, en el que la multinacional norteamericana Kepro proyecta efectuar una inversión de 350.000 millones de pesetas para construir 5.000 viviendas y el mayor parque de oficinas de la ciudad.
Los presuntos delitos de estafa y apropiación indebida han conducido al juez a investigar el cobro de cantidades entre 500 y 1.000 millones de pesetas por parte de la empresa Unión Sotocién, controlada por los ex administradores de Macosa Eduardo Santos y Francisco Albiñana. En el sumario se desvela que esta sociedad recibió estas cantidades como parte del total pagado por Kepro en la compra de Diagonal Mar.
La empresa Unión Sotocién está dominada accionarialmente por otras firmas instrumentales como Ingesa -propiedad de Francisco Albiñana-, Agesa -controlada por Eduardo Santos- y una sociedad patrimonial domiciliada en Holanda, según se refleja en la última documentación entregada al juez y basada en datos del Registro a los que ha tenido acceso este diario.
En la venta del complejo inmobiliario Diagonal Mar participaron por parte de Macosa únicamente Eduardo Santos y Francisco Albiñana, a tenor e la declaración efectuada ante el juez el pasado 21 de octubre por el representante de la empresa compradora, Juan Manuel Rosillo, consejero delegado de Kepro.
Accionistas minoritarios
Las diligencias judiciales abiertas tienen su origen en una acusación de accionistas minoritarios de Macosa -representados por el bufete jurídico que dirige Francesc Jofresa- en contra de los gestores de la empresa por una revalorización supuestamente irregular en el balance de la sociedad en el año 1988. A esta demanda se le unió otra presentada posteriormente: por el abogado Alberto Salazar, vinculado a la Asociación,' para la Defensa del Accionista, (ADA).
Aquella revalorización -efectuada sobre los terrenos de Diagonal Mar- permitió a Macosa presentar un beneficie, de 7.500 millones de pesetas, frente a lo que hubiese sido una, pérdida importante en el resultado de explotación. La revalorización contable levantó expectativas al accionariado sobre el patrimonio de la empresa, que después se frustraron al advertir el precio real de la venta.
Macosa ha pasado recientemente a denominarse Corporación Arco, SA. Desde 1988, el capital de Corporación Arco ha tenido una lenta penetración de Corporación financiera Reunida (Cofir) -controlada por el financiero italiano Carlos de Benedetti y el Banco Zaragozano- hasta desembocar en la fusión Cofir-Arco, aprobada por las juntas de accionistas de ambas compañías el pasado mes de julio.
Recientemente, el juez tomó declaración a José Ramón Álvarez Rendueles (presidente del Banco Zaragozano), Juan Llopart Pérez (ex consejero delegado de Cofir), Pedro Fontana (ex consejero de Macosa) y Alberto Cortina (consejero del Zaragozano), vinculados a Cofir y que ocuparon cargos en el consejo de administración de Macosa en las fechas en que se hizo la citada revalorización.
Tanto los antiguos gestores de Macosa -Santos y Albiñana- como los directivos de Cofir que han sido consejeros de aquella empresa -Llopart, Fontana y Álvarez Rendueles- han declarado ante el magistrado para aclarar la condonación de una deuda de 1.500 millones de pesetas correspondiente a los intereses del préstamo concedido a Macosa por el Banco Central. Éste es otro aspecto del sumario, "que considera un supuesto delito conexo con la revalorización del balance y con la venta irregular de Diagonal Mar", señalan medios judiciales.
Para aclarar este punto, el juez ha llamado a declarar en fecha próxima al ex presidentedente del Banco Central Alfonso Escámez. También en relación con esta condonación, el pasado 26 de noviembre declaró Luis Blázquez, consejero director general del Banco Central.
Blázquez argumentó ante el juez que la condonación de los, 1.500 millones -producida cuando Eduardo Santos era presidente de Macosa- se efectuó de acuerdo con la in tención de la entidad de colaborar en el Plan de Reconversión Siderúrgica, ya que Macosa -fabricante de material ferroviario- era una de las empresas que entonces atravesaban dificultades.
