Recuerdo de Zalamea

La autora parte del hecho de que la Ley de Régimen Local y del Suelo consagra la autonomía municipal que ya preveía la Constitución, y considera que ese derecho ha sido vulnerado en Soto del Real. Recuerda también que su alcalde, Eladio Navarro, del CDS, es un alcalde constitucional.

Soto es un pueblo pequeño, pero embarcado, desde hace dos anos, en una lucha singular. Porque Soto se encuentra en un parque natural, en zona ecológicamente notable, que ha llamado incluso la atención de los catalogadores de rincones semejantes de la CE.Todo su entorno, abarcando otros municipios, ha mantenido durante siglos, incluso durante el franquismo, una buena parte de sus características zonas verdes. Por estas características, las normas de urbanismo han vetado siempre a estos municipios los polígonos industriales y otras formas, agresivas para el entorno, de promoción económica local.

Con estos precedentes, Justicia decidió ubicar una de sus grandes cárceles (de ésas que se han hecho necesarias por la extensión masiva de la delincuencia durante la década socialista) en esa plena zona verde. Un mastodonte de hormigón, de estructuras lógicamente cerradas, que ocuparía cientos de miles de metros cuadrados, con sus vallas electrificadas, sus garitas de vigilancia y dos enormes torres, hoy modificadas desde el proyecto original.

La zona elegida, en el término del mismo Soto del Real, tiene, por supuesto, la calificación de suelo rústico. Las leyes exigen un cambio de la califación del suelo para construir la cárcel, cambio que debe promover y aprobar el Ayuntamiento. Naturalmente, Soto del Real, en uso de su autonomía; no estuvo ni está dispuesto a conceder ni el cambio de uso ni la licencia de obra. En un sistema presidido por las leyes y en un Gobierno respetuoso del ordenamiento por él mismo aprobado, no era esperable lo que ha ocurrido. En vez de dirigirse a los tribunales para ganar la batalla con argumentos, estudios de impacto y documentos, optó Justicia, con el auxilio de las fuerzas de seguridad, por el asalto, literal e ilegal, de las tierras.

Un obediente delegado del Gobierno puso sus fuerzas a disposición de un acto plenamente al margen de la ley, para arremeter contra los cargos electos, la policía municipal y los vecinos. Lejos de los tribunales, lejos del imperio de la ley, lejos de la democracia, en suma, se hicieron cargas, hubo forcejeos y detenidos.

¿Cómo no evocar al valiente Pedro Crespo, al alcalde de Zalamea, resistiendo con sus labradores? ¿Cómo no a las huestes de don Lope de Figueroa, al auxilio de un don ÁIvaro culpable? Calderón quiso reflejar, con toda nitidez, la supremacía del poder civil sobre el militar, de la razón sobre la fuerza. En el Ministerio de Justicia, terco y poseído de la pasión de mandar, veo la soberbia y el desprecio por el inferior, defectos con los que Calderón de la Barca afeó al capitán don Álvaro de Ataide.

Lo ocurrido en Soto es algo más que un acto soberbio y poco meditado, que descalifica al ministro, al delegado e, incluso, a las fuerzas que les acompañaron. Es mucho más.

Mientras llegue el momento en que le avergüence públicamente el propio Parlamento europeo, llamado a arbitrar en este asunto, hay que decirle a este Gobierno que no puede quebrar las leyes el más obligado a cumplirlas. Que debe someterse y respetar la autonomía municipal y la supremacía popular, sobre todo cuando ésta es más que razonable. Y, sobre todo, que no se acostumbre a defenderse del pueblo soberano usando a la Guardia Civil.

En el museo in existente de nuestra joven, inexperta y poco respetada democracia debería ocupar un lugar de honor este bastón roto de alcalde...