El alcalde de Soto pide ayuda al Defensor del Pueblo contra el Ministerio de Justicia

El alcalde de Soto del Real, Eladio Navarro, del CDS, pidió ayer al defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, que actúe para evitar la construcción de una cárcel en ese municipio. Gil-Robles admitió a trámite la queja contra el Ministerio de Justicia. Navarro y representantes de otros cinco municipios de la comarca afectada se entrevistaron durante una hora con el defensor del pueblo, a quien entregaron un escrito de los ocho alcaldes de la coordinadora anticárcel (Manzanares el Real, Navalafuente, Colmenar Viejo, El Boalo, Miraflores de la Sierra, Bustarviejo, Guadalix y Soto).

En el documento, los regidores solicitan la intervención del Defensor para lograr que Justicia acate las disposiciones municipales contra el penal a corporación de Soto del Real, que no ha concedido licencia para las obras, ha ordenado igualmente su paralización.También se pide del Defensor que evite que el Ministerio siga haciendo uso de la fuerza para llevar adelante la construcción del penal. En el escrito se solicita la "condena enérgica" por los incidentes ocurridos el, pasado 12 de noviembre. En esa fecha, la Guardia Civil cargó contra un grupo de alcaldes y vecinos que impedían el acceso a la finca adquirida para levantar la cárcel. Los, terrenos estaban precintados por orden municipal y los manifestantes pretendían hacer valer este cierre. Aquellos sucesos se saldaron con 21 detenciones, incluida la del alcalde de Soto del Real."Mucho interés"

"Vamos a seguir oponiéndonos a la cárcel. Es un problema de subsistencia, porque vivimos del turismo", aseguró ayer Navarro. A partir de ahora, el municipio centrará su artillería en los tribunales de justicia y el Parlamento Europeo. El regidor de Soto ya ha expuesto ante este foro multinacional los "problemas ecológicos" que causará la cárcel.

El alcalde de Colmenar Viejo, Juan Manuel Mansilla, aseguró tras la reunión que el Defensor del Pueblo se había tomado "mucho interés" por el problema. "Nos ha dicho que iniciará los trámites lo antes posible y requerirá el cumplimiento de la ley. Dará una preferencia importante a la queja", afirmó. Otro de los regidores, el de Miraflores, José Miguel Lorente, criticó por falta de apoyo a la, Federación de Municipios y Provincias.

La instalación de una cárcel en Soto del Real es una decisión firme del Gobierno. Fue aprobada el pasado verano por el Consejo de Ministros, a pesar de las largas y reiteradas protestas de los habitantes de la zona. El Defensor del Pueblo no tiene entre sus competencias la de obligar a la Administración a actuar en un sentido determinado. Sólo dispone de poder de recomendación.