De conveniencia

EL TRIBUNAL de Cuentas desafió la ley de gravedad al sostener, más de un año después del estallido del escándalo Filesa, que no encontraba pruebas de financiación irregular del PSOE. Quienes entonces dieron el asunto por zanjado confundieron deseos con realidades: al quedar cerrada esa vía de investigación -sometida a limitaciones funcionales derivadas de la naturaleza del tribunal fiscalizador- quedaba expedita la judicial, cuyo único límite es el respeto de la ley. Lo hasta ahora conocido del contenido del sumario no sólo parece confirmar las más obvias sospechas, sino que extiende éstas tanto horizontal como verticalmente: aparecen indicios de que la red de Filesa formaba parte de una trama más extensa de financiación paralela, y nuevos nombres se suman a los dos que figuraban en la querella que dio origen a la investigación; dirigentes de las compañías que supuestamente se prestaron a la ficción de los informes pagados a precio de oro se ven amenazados por las indagaciones y forzados a elegir entre reconocer comportamientos irregulares o inventar los informes; finalmente, responsables políticos del PSOE que en principio parecían ajenos a la trama se ven comprometidos por la dinámica de autodefensa propia de un colectivo amenazado: para tapar una torpeza se comete otra, y nadie sabe cómo detener la rueda.A Benegas le ha tocado el papel más ingrato; se entiende perfectamente, por ello, su empeño en poner la atención en otros aspectos paralelos del caso de aquellos que, para su desgracia, están bastante claros.Sin embargo, por significativa que sea la discusión sobre si los originales de los libros de contabilidad del PSOE están en la sede de este partido o en la del Tribunal de Cuentas, es difícil que esta polémica concreta haga olvidar a la gente las facturas que ha visto en los medios de comunicación y cuya transparente significación parece confirmar la investigación judicial. Menos explicable es que ese tribunal, un barco que navega con bandera de conveniencia, colabore con sus contradictorias intervenciones, a alimentar esas discusiones colaterales.

Si Benegas tenía intención de entregar la documentación reclamada por el juez le bastaba sacar del ordenador otra copia como la entregada al Tribunal de Cuentas. Sólo si su intención era cualquier otra -escudarse en la benévola resolución anterior de ese tribunal o, simplemente, ganar tiempo- tiene total sentido su respuesta de que esos papeles estaban en poder del citado tribunal. Por tanto, estuvo en manos de la dirección socialista evitar la medida extrema del juez consistente en ordenar el registro de la sede de ese partido. Es cierto que pudo haber reclamado los papeles al Tribunal de Cuentas -como finalmente hizo, después del registro-, pero no es absurdo que los pidiera al PSOE: los partidos están obligados por la ley de financiación a llevar libros de contabilidad "que permitan en todo momento conocer su situación financiera", y concretamente, entre otros, las cuentas de ingresos y gastos, que es lo que fundamentalmente interesaba para la investigación.

La discusión sobre cuáles eran los documentos originales y cuáles copia de los mismos carece de sentido si se refiere a los papeles impresos por un ordenador. Fue la dirección del PSOE, y no el juez, quien estableció esa absurda distinción, si bien corresponde sobre todo al Tribunal de Cuentas la responsabilidad de haber embrollado el asunto con sus notas contradictorias. En la segunda de ellas se introduce una jesuítica precisión que alude al carácter original no de los libros de contabilidad en general, como parecía deducirse del primer comunicado, sino de "los documentos acreditativos de las operaciones" registradas en esos libros; es decir, a las facturas: detalle irrelevante tanto respecto al fondo como a la discusión sobre si el PSOE colaboraba o entorpecía la labor investigadora. Siendo lo más penoso de todo que hasta en esa cuestión el Tribunal de Cuentas haya dado la impresión de moverse no en función (le criterios jurídicos, sino, sucesivamente, a impulsos, de las fuerzas políticas de la oposición y del PSOE, de quienes depende el nombramiento de sus miembros. Lo que confirmó ayer por vía de ridículo el escrito difundido por los correspondientes al cupo del PP. Pero ese ridículo de una institución del Estado es tal vez la derivación más desmoralizadora del asunto Filesa; y alguien debería responsabilizarse de ello. No nos podemos cargar entre todos la legitimidad del Estado de derecho.