El PP pide la suspensión de la cooperación con Guinea

El Partido Popular pidió ayer la suspensión de la cooperación española con Guinea Ecuatorial, excepto la de carácter humanitario y de emergencia. El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Javier Rupérez, fue así más lejos que en sus anteriores declaraciones, en las que no había solicitado la interrupción de la cooperación en materia de educación y formación profesional.

Rupérez hizo esa petición en protesta por el "juicio irregular", según sus palabras, a que fueron sometidos el miércoles, en Bata, los empresarios españoles Salvador Vilarrasa y Santiago Hanna, acusados de de un intento de golpe de Estado.

El portavoz popular en la Comisión de Asuntos Exteriores, que ha pedido la comparecencia ante las Cortes del ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, para que explique la actitud del Gobierno español en este caso, aseguró que Vilarrasa y Hanna "están siendo utilizados como rehenes por el presidente Teodoro Obiang en su relación con España".

Ante este chantaje, el Gobierno, según Rupérez, debe responder suspendiendo la cooperación que no sea sanitaria y alimentaria. Puso especial énfasis en pedir la supresión de las ayudas a la radiotelevisión ecuatoguineana, que "destila un mensaje antiespañol", dijo. Asimismo solicitó al Gobierno que tome medidas cautelares de protección de los 191 cooperantes asentados en la ex colonia, los cuales también podrían convertirse en rehenes del régimen de Obiang. "Si protegemos a los bosnios en la ex Yugoslavia, con tanta o más razón hay que hacer otro tanto con los cooperantes [españoles en Guinea]", añadió Rupérez.

Tras los recortes presupuestarios, la cooperación española con Guinea, que en un 80% tiene carácter humanitario y educativo, alcanzará en 1992 los 1.600 millones de pesetas. En 1993 está previsto que se sitúe en 2.019 millones de pesetas. Por habitante, es el país que más ayuda española recibe.

Mañana por la mañana se dará a conocer la sentencia del tribunal que ha juzgado a los dos empresarios españoles. El pasado miércoles, el fiscal pidió 30 años de cárcel y una multa de 212 millones de pesetas para los inculpados, mientras el abogado de la defensa solicitó que queden absueltos.

"Un mitin político"

El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, se declaró ayer partidario de esperar a conocer la sentencia antes de tomar cualquier posible decisión de represalia o de protesta.Por su parte, la esposa de Santiago Vilarrasa, Lila Albanozzo, declaró ayer que el consejo de guerra contra su marido y Santiago Hanna fue "un mitin político y una farsa. El fiscal no pudo aportar pruebas inculpatorias", afirmó. En su opinión, "la solución a este conflicto la tiene el Gobierno español. Y ahora sí que le pido celeridad, porque ha pasado un mes, y mi marido ha aguantado bien, pero en condiciones horrorosas. El tiempo juega en contra".

Margarita Vilarrasa, hermana de Santiago Vilarrasa, acusó ayer, en declaraciones a Radio Nacional, a las autoridades ecuatoguineanas de no haber respetado la presunción de inocencia de los procesados, y les reprochó no haber permitido la asistencia al juicio de observadores extranjeros y de periodistas.