Gil Robles: "Existen centros de menores donde se les encierra un mes en celdas de castigo, sin ventilación"

Aún existen en España centros de reclusión de menores donde se les encierra hasta un mes en celdas de castigo sin ventilación, según dijo ayer el defensor del pueblo, Alvaro Gil-Robles, durante su comparecencia en la comisión mixta Congreso-Senado. En su opinión, hay indefiniciones en la reciente ley de menores sobre quién debe controlar la ejecución de sanciones, y carencias de personal para un seguimiento de las mismas. Según ha reconocido el Consejo General del Poder Judicial al propio Gil-Robles, sólo se han creado 36 de los 70 juzgados de menores previstos para julio de 1992.

Gil-Robles se refirió a la situación de las celdas de aislamiento de un centro juvenil de Sograndio (Oviedo), donde los menores son recluidos simplemente con la orden verbal de un juez. "En algunos casos están 24 horas seguidas sin salir de las celdas", subrayó el Defensor del Pueblo. "Destaco este caso para recalcar la importancia de que la autoridad judicial no se desentienda de las medidas sancionadoras que dicta. Si esto sucede en un centro que hemos visitado, puede estar pasando en otros muchos más que no sabemos", añadió.

El Defensor del Pueblo pidió medidas para proteger la intimidad de los menores que delinquen, preservando sus datos personales en las informaciones sobre sucesos. "No se puede acrecentar el trauma de su delito con su identificación ante toda la sociedad".

Durante su comparecencia, Gil-Robles hizo un balance positivo sobre la adopción de varias recomendaciones formuladas por el Defensor del Puebloen 1991 en materia de asistencia a enfermos mentales. Sin embargo, mostró su preocupación por algunos efectos negativos del desmantelamiento de antiguos hospitales psiquiátricos. "No se pueden cerrar centros sin más, sin alternativas, porque los enfermos terminan vagando por las calles, y yo me los he encontrado en albergues para transeúntes".

Almacenes de ancianos

A una intervención del representante socialista, José María Mohedano, sobre el incremento de recursos asistenciales en los últimos años, Gil-Robles contestó: "Es verdad que existen en Madrid, yo los he visto, pero hay muchas comunidades donde no hay nada de nada"..Gil-Robles pidió controles sobre los tratamientos psiquiátricos. "Hemos denunciado algunas prácticas de sujeción mecánica de los enfermos, pero la alternativa son tratamientos farmacológicos de larga duración o intervenciones como lobotomías, que afectan a la personalidad de forma irreversible. Hay un vacío legal en toda Europa sobre quién debe dar el consentimiento". El Defensor del Pueblo también se refirió a la preocupación de algunos jueces sobre el manejo de bienes de disminuídos psíquicos, y mostró su extrañeza de que el Inserso esté pidiendo la incapacitación civil de los disminuidos mentales para poder seguir cobrando su pensión.

Por otra parte, Gil-Robles advirtió que si Telefónica no resuelve el problema de las líneas 903, por encima de sus intereses comerciales, pedirá la intervención del Estado para proteger los derechos fundamentales en un servicio público.