El Gobierno regional recurrirá contra las obras de la cárcel de Soto

La Comunidad de Madrid va a recurrir contra el Ministerio de Justicia por las obras ya emprendidas de la cárcel de Soto del Real, según anunció ayer el presidente regional, Joaquín Leguina, tras reunirse con representantes municipales de la comarca. "Los alcaldes me han facilitado una información de los hechos ocurridos y sobre la situación jurídica que no tenía. anteriormente, y que que no coincide con la recibida del Ministerio de Justicia" declaró Leguina, quien aseguró que va a cumplir así el acuerdo de la Asamblea de Madrid, que se aprobó con su propio voto en contra.

El pasado jueves, la Guardia Civil cargó contra las personas que intentaban impedir las obras del penal, y después practicó 21 detenciones, entre ellas las de alcaldes, concejales, policías municipales y vecinos.Ese mismo día, el pleno del Parlamento regional rechazó, con los votos de IU y el PP-que derrotaron al PSOE- la construcción de una macrocárcel en Soto mientras el proyecto no cuente con un informe de impacto medioambiental.

La Asamblea también pidió al Gobierno de Leguina que recurra contra el acuerdo del Consejo de Ministros de instación del centro penitenciario denunció el "comportamiento prepotente" del titular de la cartera de Justicia, Tomás de Quadra-Salcedo.

Ante todo, alcaldes

Al margen de las dudas jurídicas, Leguina considera que "hay hechos desagradables [en alusión a los incidentes del pasado jueves] que no se deben volver a repetir; los alcaldes tienen su signo político, pero ante todo son alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid". Ninguno de los municipios afectados por la futura cárcel de Soto está gobernado por el PSOE. El presidente regional señaló que los representes locales hacen una interpretación de la Ley del Suelo según la cual la autorización del Consejo de Ministros para instalar la cárcel no basta para comenzar las obras en Soto del Real, en tanto que Justicia sostiene que sí puede hacerlo.

Joaquín Leguina, que votó en contra de la resolución de la Asamblea, junto con los otros 39 diputados socialistas, prefirió no pronunciarse ayer sobre la exigencia del informe de impacto ambiental en el proyecto de centro penitenciario. Finalmente dijo que "calificar la actitud de un ministro de prepotente [así se recogía en la resolución aprobada por la Asamblea el jueves] no cabe en un recurso jurídico".

A la reunión asistieron representantes municipales de Miraflores de la Sierra, Soto del Real, Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Manzanares el Real, El Boalo, Colmenar Viejo y Navalafuente.