Indignación en la República Dominicana

Los dominicanos no se explicaban todavía ayer que su compatriota Lucrecia Pérez Martos hubiera sido víctima de un crimen racista en un país como España que está fuertemente comprometido en cuanto a inversiones en esta isla caribeña. La única reacción pública, pese a la indignación general que se extiende entre la población, ha sido la del Gobierno del anciano Joaquín Balaguer, que ha reclamado con moderación a las autoridades españolas que se tomen especial interés por descubrir a los culpables.La agitación de momento sólo viene de algunos periódicos. De hecho, el tráfico ilegal de dominicanos hacia España ha sido objeto de reiteradas denuncias en este país y, especialmente, las condiciones de sobreexplotación a que se ven sometidas muchas de esas personas. Los niveles de pobreza en la isla, cerradas cada vez más las posibilidades de emigración a Estados Unidos, ha obligado a muchas mujeres a elegir el camino de Europa o Centroamérica en busca de ingresos para enviar a sus familiares.

El idioma común las lleva a España o a Panamá. Dejan atrás incluso a sus familiares, como es el caso de Lucrecia Pérez, que tiene en su población natal, Campos de Vicente Noble (suroeste de la isla) a su marido y a su hija. A veces se pasan hasta un año recolectando el importe del billete de avión, que incluye las escalas más dispares para evitar así la sospecha del funcionario policial del aeropuerto de destino.

La prensa dominicana ha sido extremadamente generosa en sus editoriales. Condenan el crimen, pero justifican a la policía española cuando ésta persigue a los indocumentados.

España, en Santo Domingo, es sumamente familiar y cercana. El Gobierno es el más proespañol de toda América. El turismo está prácticamente en manos de españoles. El Gobierno de Balaguer acoge a un grupo de etarras, entre los que se encuentra su dirigente Antxon Etxeveste.