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La DC italiana ataca el plan del Gobierno de volver a legalizar el consumo de droga

La Democracia Cristiana (DC), a través de sus más autorizados portavoces, criticó ayer el anuncio hecho por el primer ministro italiano, Giullano Amato, de que el Gobierno se dispone a volver a despenalizar el consumo de drogas, modificando para ello una ley aprobada hace dos años. La medida podría suponer la salida de prisión de más de 10.000 personas encarceladas en aplicación de la actual legislación."No me gusta este paso atrás de Amato, que es socialista, y todos recordamos el empeño con el que el Partido Socialista defendió esta ley", comentó el secretario general de la DC, Mino Martinazzoli ante la prevista reforma de la normativa italiana de 1990, una de las más duras de Europa. La ley vigente establece que la simple tenencia de estupefacientes en determinadas cantidades constituye ya un delito, aunque se demuestre que estaban destinadas al consumo propio y que el poseedor no traficaba. Además de este caso penal, la ley castigaba al consumidor de estupefacientes en cualquier circunstancia con medidas administrativas indirectas, como la privación del carné de conducir o incluso del pasaporte.

Amato ha negociado la reforma de esa ley con el ex radical Marco Pannella, que promovía un referéndum sobre el tema. Dicha negociación es parte de las emprendidas con los promotores de otros 12 referendos sobre temas diversos, que integran un calendario de consultas susceptible de minar el precario equilibrio en que se basa el Gobierno.

Gerardo Bianco, portavoz de la DC en la Cámara de Diputados, manifestó que su partido no había sido informado previamente del contenido de la negociación entre Amato y Pannella, y expresó dudas sobre la posibilidad de que Gobierno y Parlamento aprueben la propuesta. Amato se defiende de estas críticas asegurando que el consumo de drogas seguirá siendo castigado por vía administrativa, aunque se suprima el polémico concepto de la "módica cantidad" que penalizaba la tenencia.

Responsables de entidades que trabajan con drogadictos estiman que la propuesta de mato tendrá efectos negativos.

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